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Fiscalía contra cohecho y SFP rechazan en SNA que ONG mida políticas de integridad
En la Primera Sesión Extraordinaria, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se generó un intenso debate sobre la inclusión de la organización World Justice Project (WJP) en el Diagnóstico Nacional sobre Políticas de Integridad de las Instituciones del Ecosistema de Justicia en México, que presentó la Secretaría Ejecutiva del Sistema.
En la Primera Sesión Extraordinaria, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se generó un intenso debate sobre la inclusión de la organización World Justice Project (WJP) en el Diagnóstico Nacional sobre Políticas de Integridad de las Instituciones del Ecosistema de Justicia en México, que presentó la Secretaría Ejecutiva del Sistema.
Durante la sesión realizada este martes, María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, expresó su desacuerdo con la inclusión de la presentación del WJP en la agenda, al argumentar que privilegiar a una organización no es coherente con el espíritu del SNA.
Incluso la fiscal señaló que, a manera de votación, no asistiría en el orden del día; cosa a la que Jorge Alberto Alatorre Flores, presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, respondió que su participación era importante en la asamblea.
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública también expresó su desacuerdo con la inclusión de la ONG y planteó la necesidad de revisar los índices y parámetros de medición utilizados en el diagnóstico nacional.
Dicho trabajo es un análisis de los resultados del diagnóstico de políticas de integridad en las 255 Instituciones del Ecosistema de Justicia y proponía realizar un diagnóstico para evaluar el cumplimiento de los preceptos de integridad y tomar acciones concretas en futuras asambleas.
Ante el debate generado, el presidente del Comité Coordinador propuso dejar de lado la presentación del WJP y establecer mesas de trabajo para discutir a fondo los índices y parámetros de medición.
Además, aclaró que los lineamientos del código de ética no requerían una votación de la Asamblea Nacional, sino que se trataba de un proyecto sujeto a retroalimentación por parte del comité coordinador nacional.
La propuesta del presidente fue aceptada por la mayoría de los miembros presentes.