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Función Pública inhabilita por 10 años a Alfredo Castillo, exdirector de la Conade en el sexenio de Peña Nieto
La Función Pública informó que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer una sanción de inhabilitación en el servicio público por un periodo de 10 años a Alfredo Castillo, exdirector de la Conade de la administración de Enrique Peña Nieto.
Foto: Archivo
Por la omisión en su declaración patrimonial de seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La SFP expuso que la sanción a Castillo deriva de la verificación a la evolución patrimonial, en la cual se detectó que el también excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán faltó a la verdad en sus declaraciones correspondientes a los años de 2014 a 2016.
Ante esa anomalía, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que el exfuncionario federal omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300,000 pesos.
Asimismo, la dependencia dio a conocer que en los dos primeros años de la actual administración se han abierto 26,064 expedientes de responsabilidad administrativa, y de los que a la fecha se han resuelto 20,222.
Sobre el exdirector de la Conade, la Secretaría de la Función Pública también destacó que tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de la persona sancionada en sus declaraciones presentadas ante esta dependencia.
Se dijo que dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
“Este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”, añadió a través de un comunicado.