Gobierno dio cheque en blanco para abuso de espionaje

El gobierno mexicano dio un "cheque en blanco" para el abuso de tecnologías de espionaje digital y en las comunicaciones de los ciudadanos debido a la falta de transparencia en la adquisición y uso de tecnologías para este fin, así como con la aprobación de las leyes secundarias al sector de telecomunicaciones y del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que distan de bloquear el espionaje indiscriminado hacia las comunicaciones de los ciudadanos por parte del gobierno, dijo el experto en derechos digitales Luis Fernando García.

"Se necesita regular (el uso de estas tecnologías) de una manera que existan contrapesos que inhiban e impidan las posibilidades de abuso, que el dar estas facultades (de vigilancia) sin ningún contrapeso es un cheque en blanco para el abuso", afirmó durante la presentación de un reporte sobre el uso de tecnologías de espionaje en México.

Este informe es la primera etapa de una investigación liderada también por el activista e integrante del colectivo ConingenteMX, Jesús Robles Maloof, que busca documentar y analizar el espionaje electrónico en el país.

Luis Fernando García aseguró que existen Indicios del uso abusivo de estas herramientas y tecnologías de vigilancia, mismos que están en proceso de analizarse.

"La mayoría de las averiguaciones previas donde ha sido usada esta tecno, no terminan en un juicio penal ni una persona condenada sino que se quedan abiertas a perpetuidad", dijo.

Otro dato que ofreció el también abogado es que en un periodo de cinco meses, las autoridades han obtenido más de 85,000 accesos a información resguardada por las compañías de telecomunicaciones referentes a geolocalización de equipos celulares así como metadatos de las telecomunicaciones, pero más del 65% de las averiguaciones previas donde se utilizan estas medidas se quedan sin resolución.

"Como no hay una necesidad de requerir una orden judicial previa, es muy sencilla la vía para usar estas medidas. Un Ministerio Público, un policía, un agente de inteligencia o un militar puede hacer uso de esa herramienta y sobre todo en el caso en que no son para perseguir delitos es todavía más ambiguo", alertó.

El uso indiscriminado de las tecnologías de espionaje por parte del gobierno es todavía más preocupante para los defensores de los derechos digitales y activistas cuando el crimen organizado se ha infiltrado en el aparato de gobierno. Para muestra, el caso de Las autoridades de Guerrero, el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan. Aunque hay más antecedentes.

"El ex gobernador de Aguascalientes, (Luis Armando) Reynosa Femat, está denunciado precisamente por el robo de un equipo de espionaje, hardware y software, y además por su vinculación a un cártel del crimen organizado. Está siendo investigado y hace unas semanas lo quisieron detener pero presentó un amparo. ¿Este software dónde está? Independientemente si fue él o no, no está", recordó Jesús Robles Maloof.

Contrario a otros países como Estados Unidos o en la Unión Europea, donde existen controles para la venta y adquisición de estas tecnologías, en México ya han permeado a autoridades de todos niveles, desde municipales hasta instancias federales, criticaron los activistas.

"Es totalmente irracional. Estamos entregando cada año del presupuesto público, tecnología que eventualmente va a ser usada en nuestra contra y además estamos incrementado esta posibilidad. No hay ningún control y no sabemos si esto ha servido para bajar los índices de inseguridad", agregó Robles Maloof, quien ha expuesto y denunciado la intervención de sus comunicaciones electrónicas.

Los grupos de activistas junto con organizaciones internacionales como el Citizen Lab de la Universidad de Toronto han revelado la existencia de malware de espionaje en las redes de telecomunicaciones de México y su adquisición por parte de los gobiernos. Entre ellos están FinFisher (creado y comercializado por Gamma International ), DaVinci (Hacking Team) o programas de espionaje de la firma Blue Coat.

"México es el primer consumidor de Blue Coat a nivel mundial. En el 2012, de ser el séptimo, llegó a ser el primero en el 2014", aseguró el integrante de ContingenteMX.

Y es que si bien la justificación de las autoridades para el uso de estas tecnologías para combatir "delitos graves ", la realidad es que se están utilizando de forma indiscriminada en el país, de acuerdo con los expertos en derechos digitales.

"Del lado de la procuración, la PGR adquirió un software de vigilancia FinFisher por más de 110 millones de dólares. Las licencias que usó hablan de alrededor de 70,000 intervenciones y la PGR durante el 2013 sólo pidió 8,000 intervenciones al Poder Judicial. Es decir, habría hipotéticamente más de. 50,000 intervenciones que no contaron con una solicitud judicial. Podría haber una justificación pero no la sabemos", dijo Robles Maloof.

Julio.sanchez @eleconomista.mx

mfh