Guardia Nacional, empleo y amnistía

A 15 días del inicio de su gobierno, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, mediante el cual se propone combatir los delitos creando oportunidades de empleo y educación; llevar a cabo negociaciones con infractores para su entrega, desarme y amnistía; la posible renuncia del Estado a perseguir el consumo de drogas e incluso despenalizarlo; crear una Guardia Nacional; y combatir el lavado de activos.

En un hotel de la Ciudad de México, Obrador calificó como un fracaso las estrategias de seguridad de los gobiernos del PRI y del PAN, pues consideró que sólo eran reactivas y punitivas. Argumentó que su plan es diferente, porque 80% se basa en crear oportunidades de empleo, educación y salud, así como fomentar los valores familiares.

“Una y mil veces hemos repetido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que no se puede enfrentar el mal con el mal, y que hay que atender las causas que generan la violencia; lograr el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores morales, espirituales. Para que haya paz, se requiere acabar con la corrupción, combatir la pobreza”, dijo en su diagnóstico.

Abundó que su estrategia aspira a “garantizar la seguridad de los mexicanos, que no haya homicidios, que no haya secuestros, robos a casa habitación, que se garantice el derecho a la vida, a vivir libres, sin temores”.

Acompañado por senadores y diputados de Morena, PT y PES, López Obrador pidió apoyo para llevar a cabo una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.

Resaltó que en su gobierno, “vamos a dar un giro gradual, poco a poco (a las Fuerzas Armadas), el Ejército, para que no sólo sigan atendiendo lo relacionado con la defensa nacional, sino la interior.

“Y para eso se necesita un líder en el Ejército, por eso se decidió por el general (Luis Cresencio Sandoval González). En los cuestionarios que hacía, preguntaba sobre la honestidad y la respuesta fue que es un hombre honesto, incorruptible”, aseveró.

El próximo presidente reiteró que a partir del 1 de diciembre se crearán 266 regiones en el país (150 en el 2019; 200 en el 2020 y 266 en el 2021), para lo cual se requerirán entre 120,000 y 150,000 efectivos de la Policía Federal, Ejército y la Marina.

Destacó que actualmente no se cuenta con ese nivel de fuerza, por lo que se abrirá una convocatoria para incorporar a 50,000 nuevos elementos.

El futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, comentó que el nuevo gobierno propondrá leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los delincuentes, para lo cual se garantizarían sus derechos, se les ofrecería reducción de penas e incluso amnistías, condicionadas a la aceptación por parte de las víctimas y su reparación de daño.

Cuestionado sobre quién llevaría a cabo el proceso de acercamiento con los infractores, Durazo dijo: “Ahorita está el planteamiento grosso modo; son ideas que desarrollaremos y compartiremos en su momento la estrategia completa”.

Durazo argumentó que “la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezca un margen de protección e impunidad y el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México sólo pueden entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas”. Añadió que “el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable”.

Por ello, dijo, “la alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control a quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados”.

Durazo argumentó que “la prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya insostenible”.

Por ello, se pronunció por un debate sobre la posibilidad de que el Estado determine “qué sustancias pueden ser consumidas por los ciudadanos y cuáles no carecen de justificación moral y atenta contra los derechos de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a su autodeterminación sin injerencia de las autoridades”.

Argumentó que “las prohibiciones actuales son tan discrecionales y arbitrarias que se aplican a la cocaína, la mariguana, la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico, pero no afectan la producción y la comercialización de alcohol, tabaco, bebidas con contenido de (...) cafeína y el consumo regulado o no de ciertos antidepresivos y somníferos”.

Expuso que “la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas —masivos, pero personalizados— de reinserción y desintoxicación”.

Frenan ascenso

La Comisión de Defensa Nacional del Senado ratificó 186 nombramientos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto con ascensos en el Ejército y la Fuerza Aérea; sin embargo pospusieron el ascenso como general de División de José Luis Sánchez León, quien está relacionado con el caso Tlatlaya.

El presidente de la comisión, Félix Salgado Macedonio, acordó posponer el nombramiento y argumentó: “Vamos a solicitar más información a las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional respecto al expediente del general José Luis Sánchez León”, quien estuvo a cargo de la comandancia de la XXII Zona Militar, que pertenece al 102 Batallón, implicado en la “ejecución extrajudicial” de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya. (Con información de Salvador Corona y Rolando Ramos)

Los puntos de la estrategia de AMLO

• Combatir la inseguridad a través de abatir la pobreza con empleo, educación y salud.
• Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.
• Crear la Guardia Nacional.
• Se sustituirán a los actuales militares en tareas de seguridad, por elementos de la Policía Militar.
• Habrá un mando de coordinación federal con los estados y municipios, encabezado por el presidente de la República, desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional.
• Homologar el salario de un Ministerio Público federal con un policía federal y un juez federal.
• Se presentará iniciativa para crear una Policía Nacional Homologada (no mando policiaco).
• Otra iniciativa para reconvertir el papel del Ejército, para que su función no sólo sea la seguridad nacional, también la interior.
• Se creará un Consejo de Construcción de la Paz, integrado por tres funcionarios y tres representantes de la sociedad.
• La prioridad será la prevención de delitos mediante la recuperación de espacios públicos y el combate a la extorsión, robo, secuestro, homicidio, feminicidio y tráfico de personas.
• Para combatir el lavado de dinero se creará una unidad policial (Guardia de Finanzas) que colaborará con la Policía Cibernética.
• Se promoverá una iniciativa para tipificar como delito el incumplimiento de recomendaciones de la CNDH y estatales de derechos humanos.
• Liberación de presos políticos que no hayan cometido acciones violentas.
• Regeneración ética de la sociedad con una “Constitución moral”.
• Impulsar la despenalización del consumo de las drogas.
• Procesos de desmovilización, desarme y reinserción (amnistía).
• Hacer obligatoria la 3de3.