INE nombra a Roberto Heycher como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el nombramiento de Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, luego de que Edmundo Jacobo fue cesado por orden de la reforma electoral del gobierno federal y Morena, conocida como “Plan B”.

En sesión extraordinaria del Consejo General, Cardiel Soto —quien se desempeñaba como Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica—, rindió protesta como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, en tanto en mayo próximo se designa a la persona titular de dicha Secretaría.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que a lo largo de su breve, pero intensa y fructífera historia, el Instituto “siempre, invariablemente, ha actuado con absoluto apego al Estado de derecho y ésta no será la excepción, incluso si ello supone dar los primeros pasos para instrumentar una reforma que condena a la institución a un desmembramiento impuesto”.

Córdova estimó que el decreto de reforma electoral conocido como Plan B, tiene como objetivo real y concreto, al menos por sus efectos previsibles, “dañar severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país” y dinamita al INE de las ciudadanas y los ciudadanos.

En cumplimiento al decreto de reforma publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación, el presidente del INE explicó que el nombramiento de un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva en el INE, es “con motivo del notoriamente inconstitucional, arbitrario y unilateral cese del licenciado Edmundo Jacobo Molina”.

Córdova Vianello aseveró que como evidencia de la constelación de inconstitucionalidades que implica el decreto de reforma, “se viola flagrantemente el principio general de derecho que establece que las normas jurídicas deben ser generales, impersonales y abstractas. Contrario del principio elemental, el Plan B determinó el cese inmediato de una persona en específico con nombre y apellido: Edmundo Jacobo Molina”.

“Tal es el temor al profesionalismo, capacidad, dedicación, integridad y rectitud de un servidor público ejemplar, que el primer efecto de la reforma, incluso antes de entrar en vigor, es destituir inconstitucionalmente a quien ha sido por 14 años Secretario Ejecutivo de este Instituto y que, estoy seguro, pronto retomará esa función”, recalcó Lorenzo Córdova.

La consejera Dania Ravel señaló que el Consejo General del INE cumple con las nuevas disposiciones legales y, en primer lugar, designa a una persona encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva porque, aunque había un Secretario Ejecutivo en funciones y designado para concluir su encargo hasta febrero de 2026, “el Poder Legislativo determinó que, con la entrada en vigor del decreto, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva cesara sus funciones a partir de su publicación”.

Ravel se dirigió a las y los ciudadanos de Coahuila y del Estado de México y les garantizó que, pese a la entrada en vigor de la reforma electoral, “realizaremos todos los esfuerzos que sean necesarios para seguir organizando procesos electorales imparciales, equitativos y apegados al marco legal”.

Plan B carece de seriedad legislativa

El consejero Ciro Murayama consideró que el llamado Plan B es tan abusivo como deficiente, ya que el decreto establece en su primer artículo transitorio que “entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, pero en el transitorio décimo séptimo se lee: dada la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación.

Por ello, dijo Murayama, “cesaron al Secretario Ejecutivo un día antes de que entrara en vigor el Plan B, así la falta de seriedad legislativa”, expresó.

Murayama aclaró que la Secretaría Ejecutiva no desaparece con el Plan B porque “no pudieron borrar una figura consagrada en la Constitución; sí la disminuyen, la distorsionan y, con ella, a la Junta General Ejecutiva que se sustituye por una Comisión de Administración integrada por consejeros electorales. De nuevo, el Plan B resulta contrario a la Constitución, al mezclar a los integrantes del máximo órgano de dirección del INE, el Consejo General, con un órgano ejecutivo”.

Para el INE la ley es la ley y la aplica

Entre las muchas disposiciones inconstitucionales y dañinas a las funciones del INE, “el cese del Secretario Ejecutivo contiene todos los vicios y agravantes para invalidar a una norma”, apuntó el consejero Jaime Rivera.

“Primero, porque invade una competencia expresamente conferida por la Constitución a este Consejo General. El Congreso, por medio de la Cámara de Diputados, tiene la atribución de designar a los consejeros electorales del INE, pero no al titular de la Secretaría Ejecutiva. Tiene también agravante porque, como cualquier estudiante de derecho lo sabe, toda norma jurídica debe tener un carácter general, abstracto e impersonal”, el cual no se cumple en la reforma, justificó.

No obstante, ratificó que el INE cumple las normas legales que se le aplican mientras sean vigentes. “Para nosotros, la ley es la ley y la cumplimos”.

Cese del Secretario Ejecutivo va en contra de la autonomía del INE

El consejero Uuc-kib Espadas aseguró que la destitución de Edmundo Jacobo Molina es, sin duda, una vulneración directa a la autonomía del Consejo General del INE. “La Constitución es clara y sin ambigüedades. Este Consejo es quien tiene la facultad de designar al Secretario Ejecutivo del INE por mayoría calificada”, recordó.

rrg