Impuestos en cannabis deben ser graduales

Entrevista. Lorena Beltrán, directora de la organización cannabissalud.

Para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión debe legislar el uso lúdico del cannabis. El Senado avaló ya un dictamen que turnó a la Cámara de Diputados, en donde se encuentra en análisis la reforma. Para la directora de la organización Cannnabissalud, Lorena Beltrán, aún hay demandas pendientes que se deben considerar en el proyecto legislativo, como aumentar el porcentaje de licencias para cultivo que se deben otorgar de manera obligatoria a comunidades indígenas.

—¿Las y los legisladores han atendido las demandas de la sociedad sobre la regulación del consumo de marihuana?

Hay cierta apertura por parte de las y los congresistas. Sin embargo, escuchamos que concuerdan con las demandas de la sociedad y apoyan la regularización del cannabis, pero sus palabras se quedan en el aire, porque no las vemos plasmadas por escrito en el anteproyecto de ley. Nos da mucho gusto escuchar que las demandas han logrado un consenso entre expertos, consumidores y organizaciones, y por ello pedimos que se modifique.

—¿Considera que con esta propuesta se transita a una mayor apertura sobre la producción y consumo de cannabis?

Entre las primeras demandas, señalamos que se siguen violentando los derechos de los consumidores y se criminaliza el consumo de cannabis. Si bien aumentó el número de gramaje que se puede tener para uso personal, y pasó de 5 a 28 gramos, seguimos viendo que hay multas administrativas, y se presta a extorsiones por parte de las autoridades.

Sabemos que si no se modifican algunos artículos, no se podrá ayudar a las más de 18,000 personas que se encuentran en prisión por delitos simples relacionados con la marihuana y que deberían de estar libres una vez que se apruebe su regularización.

—¿El proyecto legislativo realmente considera el beneficio económico por la regulación?

Si se mantiene la limitante de exportar cannabis psicoactivo a nosotros como mexicanas y mexicanos se nos prohíbe exportar el cultivo que más se produce en el país, que es marihuana, y también limitaría el impacto económico, principalmente en el campo.

Además, se sugiere que en materia tributaria, los impuestos vayan aumentando parcialmente, y evitar un impuesto alto desde un inicio. La experiencia internacional sugiere que con impuestos altos y costos de licencia muy elevados desde un inicio, no se da la oportunidad a que el comerciante que se encuentra en la ilegalidad transite a un mercado legal.

—¿Este dictamen realmente beneficia a las comunidades más vulnerables que se dedican a la siembra?

Esa es otra de las demandas en la que hemos logrado consenso. La ley propone que del total de licencias que se van a expedir, 40% se otorgarán a las comunidades indígenas y aquellos grupos que han sido afectados por la prohibición. Nosotros consideramos que 40% es bajo. Debería existir también una definición que establezca que es mínimo el 40% de las licencias, con la probabilidad de aumentar a 60 u 80%, pero que no solamente quede en papel, sino también ver detallado cómo esas licencias se les van a otorgar y se pondrán a trabajar para que haya este impacto económico y social en estas comunidades más vulnerables, que es lo que se busca a través de esta legalización.

—¿ De qué otra manera se puede aprovechar la cannabis además del consumo recreativo, medicinal y cosmético?

Es necesario definir en la ley el cáñamo industrial (...) El cáñamo tiene usos humanos e industriales, para material de construcción, combustibles, entre otros productos.

—¿Los partidos que se oponen a regularizar representan un obstáculo?

Los principales opositores son los diputados y senadores del PAN, pero no nos preocupa, porque no representan ni la mitad de los votos que se requieren (para la reforma).

Nueva prórroga, para legislar hasta el 2021

En la Cámara de Diputados, la discusión para regularizar el consumo de cannabis se extenderá hasta el próximo año y se mantendrá el análisis del dictamen aprobado por el Senado.

Ante la solicitud de las comisiones de Salud y Justicia de San Lázaro para ampliar el periodo de análisis del dictamen, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja acordó solicitar una prórroga a la Suprema Corte para desahogar el tema el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero del 2021.

El máximo tribunal ha otorgado dos prórrogas para que el Congreso de la Unión legisle y regularice el uso de cannabis: el primero venció el 30 de abril del 2020 y el segundo vence este 15 de diciembre.

De acuerdo con el proyecto de decreto, la propuesta tiene como eje rector la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, en los términos previstos por la Constitución mexicana.

Asimismo, busca combatir el consumo problemático del cannabis psicoactivo con un enfoque de salud pública, al aplicar el reforzamiento de políticas y medidas de prevención, intervención oportuna, atención, tratamiento, recuperación, rehabilitación y reinserción social.

La propuesta plantea expedir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud, encargado de regular, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del enervante.

Respecto de la venta del cannabis psicoactivo y sus derivados, estará permitida para uso adulto y se delimitará a los establecimientos autorizados por el Instituto, quienes deberán obtener una licencia expedida por éste y cumplir los requisitos que la ley y la demás normatividad aplicable establezca.

marisol.velazquez@eleconomista.mx