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Informes de gobierno, bloqueados por lineamientos
Con los informes, los gobernantes tienen acceso a spots en medios electrónicos, con un alcance regional, y por un plazo de unos 13 días.
La figura de los informes de labores que los servidores públicos deben rendir cada año se ha pervertido, ha pasado de una supuesta rendición de cuentas a mecanismos para la promoción con fines electorales, opinaron especialistas.
Desafortunadamente, los informes rara vez constituyen un auténtico ejercicio de rendición de cuentas , dijo Lourdes Morales, académica y directora de la Red por la Rendición de Cuentas. En ese sentido prosiguió se han vuelto un pretexto para promocionar la imagen y hacer un dispendio exagerado en publicidad oficial .
Luego de la reforma del 2007, explicó también en entrevista César Astudillo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ley abrió un boquete para que durante 13 días se pudiera hacer publicidad relacionada con informes de labores.
Y es que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 242, que los informes anuales de labores y su publicidad no serán considerados como propaganda, siempre que cumplan con ciertas características en cuanto espacio y tiempos: los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe , con la única prohibición de hacerlo en los periodos de campañas electorales.
Según reseñó el académico, esto dio pie a una escalada de rendición de informes. Algunos partidos llegaron al extremo de concatenarlos: primero uno, luego inmediatamente después el otro, para tener por mucho tiempo la posibilidad de hacer campaña mediática .
En septiembre, gobernadores y presidentes municipales tienen por mandato rendir un informe de labores; no obstante, si aspiran a competir en las próximas elecciones se deben abstener de promover su imagen, ya que los lineamientos de cancha pareja que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) entran en vigor el próximo 8 de septiembre.
Los lineamientos nacen de la omisión legislativa de concretar una reglamentación al Artículo 134 constitucional, dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, el pasado 20 de julio.
Dicha frase la retoma César Astudillo y explica que las quejas vertidas por los partidos a propósito de esta reglamentación son producto de la conveniencia que éstos tenían para acceder a publicidad oficial al aprovechar huecos en la legislación; tema que había llevado incluso a que los legisladores quienes no tienen obligación constitucional de rendir informes con las características de los puestos administrativos , hicieran de estos ejercicios y, sobre todo, de su promoción, una práctica común.
Finalmente hay una regulación de algo que debió estar normado desde (el) 2007 en una ley reglamentaria al Artículo 134 constitucional y no hasta ahora, 10 años después ; agregó Astudillo, de Jurídicas de la UNAM.
A pesar de las quejas vertidas por diversos partidos políticos, que van en el sentido de que por un lado estos lineamientos coartan la libertad de expresión y por otro entorpecen la presentación de los informes de labores, para Lourdes Morales una cosa es informar sobre la gestión y yo creo que el INE en ningún momento está prohibiendo esto .
Agregó que las alternativas para que los funcionarios públicos rindan cuentas de manera novedosa y con el genuino afán de hacer transparente su administración a la ciudadanía son muchas; una de ellas, detalló, son los paquetes evaluativos presupuestarios que la Red por la Rendición de Cuentas propuso en el 2014.
Cabe recordar que el Artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público , reza la Carta Magna.
Para ambos expertos, el problema de origen es el gasto no reportado en publicidad oficial. Implica un ejercicio de recursos muy importantes que a veces no está fiscalizado (...) se puede utilizar el presupuesto de Comunicación Social prácticamente sin tope alguno , dijo Astudillo.
Sumado a ello, pocos gobiernos han dado muestras o intenciones de transparentar este tipo de gasto a pesar de las nuevas reglas en materia de transparencia , concluyó Morales.