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Política

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José Ramón Cossío: ¿El Derecho y el litigio resuelven todos los conflictos?

Tenemos que pensar a los poderes judiciales como sedes de resolución de algunos conflictos específicos y prever otras muchas instancias de resolución de los conflictos sociales, plantea el ministro en retiro de la SCJN.

El ministro en retiro José Ramón Cossío, en el foro Diálogos de Inteli-Iuris del 22 de agosto de 2023. Foto EE: Cortesía Inteli-Iuris

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, planteó la necesidad de reflexionar sobre si el Derecho y los litigios resuelven todos los conflictos.

Al participar en la jornada de Diálogos Inteli-iuris: Los retos del derecho en México, realizada en la ciudad de Querétaro, expuso que tenemos que pensar a los poderes judiciales como sedes de resolución de algunos conflictos específicos y prever otras muchas instancias de resolución de los conflictos sociales.

El también profesor investigador asociado en El Colegio de México y miembro de El Colegio Nacional se preguntó: ¿de veras, el derecho resuelve todos los conflictos?, ¿los litigios resuelven todos los conflictos o sólo algunos de ellos?

Luego se respondió: El Derecho no tiene la capacidad de resolver muchísimos de los conflictos humanos.

Explicó que hay muchísimos conflictos humanos que nunca van a ser objeto de un litigio, consecuentemente se van a quedar como conflictos humanos.

En ese sentido, dijo que cuando los conflictos humanos tienen que entrar a un litigio, tienen que deformarse muchísimo para poder entrar al proceso y, en algunos casos, la sentencia que se da como final, no necesariamente resuelve el conflicto de origen.

Expuso que hay casos en donde los abogados de manera seria y competente discuten sobre aquello que deben de hacer en un litigio y lo que proponen no tienen nada que ver con los intereses de sus clientes.

El ministro en retiro enfatizó que actualmente los retos del Poder Judicial son extraordinariamente complejos y hay un des encuadre respecto de lo que estamos viviendo como sociedad: por un lado, muchísimos conflictos sociales que no van a poder ser resueltos mediante los litigios y, por el otro, una insistencia por parte de los litigantes, de las partes y de las propias autoridades que quieren que esos conflictos encuentren una forma litigiosa de solución.

Para el jurista, esa combinación es terriblemente mala, porque en una sociedad como la actual, está generando más conflictos, de diversas materias y magnitudes, y seguimos pensando que se van a resolver, mediante litigios formalizados, donde las acciones están establecidas, los procesos tienen sus distintas etapas a través de recursos se llega a una resolución final.

Ante esa situación, indicó que uno de los retos del Poder Judicial es cómo encontrar un camino para hacer lo que de verdad tienen que hacer, es decir, volver a la esencia de la resolución de los litigios y, con toda la dificultad que eso tiene, delegar el resto de los conflictos que no puede resolver o resuelve muy mal.

En ese sentido realizó el siguiente planteamiento en forma de pregunta:

¿De verdad vamos a seguir esperanzados en que este grupo de jueces, magistrados y funcionarios de los poderes judiciales resuelvan la enorme conflictividad social, con la que nos estamos enfrentando en este momento histórico de la sociedad bajo un modelo contractualista, ilustrado, racionalizado, napoleónico?

Cossío Díaz llamó la atención en que cada vez más los jueces y los funcionarios de los poderes judiciales enfrentan altas cargas de trabajo y menos instrumentos y posibilidades técnicas para resolver algunos conflictos.

Además, continuó, en una racionalidad incremental en donde se le pide al juez que sea experto en ADN, plataformas digitales, sin darle el entrenamiento necesario y capacitaciones, ni el equipo y personal para realizar su trabajo.

A manera de ejemplo, expuso que hay casos del derecho familiar en donde se le pide al juez que sea experto en temas que tienen que ver con el interés superior del menor, cuando el juez ni tiene tiempo para colocarse en el lugar del menor, entender todos los fenómenos psicológicos, familiares y emitir una sentencia en donde se le dé a ese niño la mejor condición jurídica, material, psicológica, lo cual es imposible de hacer.

También citó los casos de sofisticados asuntos de presuntos delitos de cuello, blanco, donde se le pide al juez que comprenda fenómenos, sin darle los elementos para ello.

Seguimos pensando que porque lo pongamos en la ley o lo pongamos en el código o que nombremos a los jueces de cierta manera, adquieren una sabiduría especial y tienen todas las posibilidades de resolver todos los casos".

Además, del lado de la formación de los abogados y los operadores del sistema de impartición de justicia, se siguen aprendiendo lo que aprendieron generaciones anteriores, con los mismos elementos procesales y salen preparados para el pleito, pero no están preparados para la resolución de los conflictos humanos que se les pide que transforman en litigios, continuó.

Eso, añadió sin hablar de servicios periciales y las diferentes áreas que funcionan en la impartición de justicia.

El especialista dijo que lo que hay que evitar es llegar a entrar en un altísimo desplazamiento de la conflictividad a lugares que no existen.

Según el reconocido abogado, la pregunta es: si no estamos siendo capaces de llevar estos conflictos al Poder Judicial o cuando los llevamos quedan mal resueltos, en dónde vamos a resolver la conflictividad social que se nos está presentando todos los días en formas muy complejas, variadas y sin una posibilidad del Estado de imposición de una mínima racionalidad.

Ante esa situación, dijo, el Poder Judicial debe verse a sí mismo, no como una instancia de resolución de litigios, sino como un promotor de resolución de conflictos, con una pérdida de su soberanía, para decir yo voy a hacer esto, y lo voy a hacer bien, y todo lo demás, voy a apoyar que otras instancias, de otras maneras lo hagan y lo hagan mejor que yo.

diego.badillo@eleconomista.mx

Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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