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Judicializan menos de 1% de casos por compra de voto
En casi 50% de las carpetas se determinó abstención de investigar.
Según la información de la solicitud de transparencia número 330024624000749, de 2018 al 23 de abril de 2024, se han abierto un total de 528 carpetas de investigación iniciadas por el delito de compra de votos.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló, sin embargo, que de este total sólo tres indagatorias (0.6%) fueron consignadas y judicializadas en el periodo de tiempo indicado. Sin embargo, del total, 242 carpetas de investigación fueron determinadas por abstención de investigar; 158 por acumulación; 40 carpetas de investigación fueron determinadas por incompetencia; 78 carpetas más fueron determinadas por el no ejercicio de la acción penal, mientras que las siete restantes continuaban en trámite o investigación.
Esto, según especialistas, se debe a que, en México, la compra y coacción del voto requiere de pruebas contundentes que, en muchos casos, son difíciles de obtener.
Mientras que, según los datos compartidos por la autoridad, indicaron que el 2018 fue el año con más trámites de este tipo, con una suma de 209; luego, con 121, estuvo el 2019, y 2021, con 166 carpetas por compra de votos. En el año electoral, hasta el segundo mes del 2024, únicamente se había registrado una carpeta por el delito mencionado.
En entrevista para El Economista, Héctor Marcos Díaz Santana, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, explicó que entre las razones para que los casos de compra de votos no lleguen ante un juez están “la capacidad de investigación para llegar a la verdad jurídica de los hechos”, además del “interés que tenga una institución para trabajar de manera transversal”.
Apuntó que la falta de datos precisos y la clandestinidad con la que operan los involucrados en la compra de votos complican la recolección de evidencia.
Puede un partido político presentarse y decir en tal parte están comprando el voto, presenta la denuncia, depende de cada una de las fiscalías. Hay fiscalías que hacen operativos de manera inmediata, hay fiscalías que investigan de una manera mucho más lenta, pero si tú no lo haces de manera inmediata, pues obviamente pasando las elecciones ya a nadie le interesa este tema. Es por eso la causa que hay muy poca judicialización al respecto”, consideró el experto.
Salvador Mora, especialista en procesos electorales y académico de la UNAM, consideró que la laxitud con la que la FGR aborda este tipo de investigaciones es reflejo de una falta de compromiso para actuar como un verdadero coadyuvante en el desarrollo normal de los procesos electorales.
Además, comentó que casi todos los partidos políticos mexicanos incurren en prácticas de compra y coacción de voto.
“El asunto es que uno lo hacen a partir de la promesa de si llego (al cargo)... (Por ejemplo el) que tú hagas una promesa con una tarjeta no involucra que estás coaccionando o estás comprando el voto, sólo será un delito si está acción o estrategia político-electoral derivará propiamente de cambiar tu voto por un beneficio social, por dinero, pero inmediatamente, ojo, este es el punto central de la discusión es el hecho de cómo los partidos le dan vuelta a esta tipificación de delito de compra y coacción (del voto).
También, consideró que es necesario de "políticos más éticos y comprometidos con la democracia, y un sistema de justicia que responda de manera efectiva y oportuna a las denuncias de compra de votos”.
Colaboración
Para mejorar la efectividad de las investigaciones, Díaz Santana dijo que se requiere “de una colaboración interinstitucional eficiente, especialmente con las fuerzas policiales que suelen detener a los implicados en el acto”.
Además del uso de tecnología, como cámaras de vigilancia y una mayor inversión en inteligencia policial, que son cruciales para abordar estos delitos.
Díaz comentó que “en este país existe una impunidad (para este delito) mayor a 97 por ciento”.
Despliegan más de 7,000 funcionarios en elección
A una semana de que se lleven a cabo las elecciones más grandes en la historia de México, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), informó que realizó el despliegue de agentes del Ministerio Público Federal (MPF), por los 32 estados del país para atender las denuncias de surjan tras la jornada electoral.
A través de una tarjeta informativa, el organismo dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que dicho despliegue se realizará a partir de este lunes 27 de mayo al 3 de junio, quienes darán seguimiento a ilícitos como la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, el uso indebido de recursos públicos federales, el uso de programas sociales federales con fines político-electorales y hacer proselitismo el día de la jornada electoral.
Así como la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de las casillas, introducir o sustraer urnas o boletas electorales, entre otros.
El titular de la Fiscalía Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, comentó ante el personal que tendrá presencia en los estados que la institución a su cargo cuenta con la capacidad operativa para atender las incidencias relacionadas con los delitos electorales, ya que es apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), que tiene a su cargo a las 32 fiscalías federales de la FGR.
Señaló que el despliegue ministerial forma parte del trabajo previo que se desarrolló en coordinación con la FGR, y con el propósito de contar con personal calificado, más de 7,000 funcionarios públicos (ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas) profundizaron sus conocimientos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. (Con información de Maritza Pérez)