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La pandemia de Covid-19 alejó más a las mujeres de su derecho a la salud, educación sexual y reproducción elegida
En marzo del 2020 llegó a México la pandemia de la Covid-19 y acompañándola, se inició una serie de transformaciones y cambios en el sistema de salud público; los recursos se han concentrado de una manera importante en hacer frente al virus dejando en segundo plano las necesidades en materia de salud de las mujeres y otros grupos vulnerables.
Las mujeres, especialmente en países de América Latina son uno de los grupos con mayores obstáculos para ejercer efectivamente un derecho básico: la salud. Estas barreras se profundizan cuando se trata de educación sexual, planificación familiar, reproducción elegida y atención obstétrica. En marzo del 2020 llegó a México la pandemia de la Covid-19 y acompañándola, se inició una serie de transformaciones y cambios en el sistema de salud público; los recursos se han concentrado de una manera importante en hacer frente al virus dejando en segundo plano las necesidades en materia de salud de las mujeres y otros grupos vulnerables.
El aborto es una de las principales problemáticas de la salud reproductiva en el país, pero no la única. Durante el 2020 se redujo significativamente también la accesibilidad a métodos anticonceptivos, programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual e incluso se redujo la distribución de medicamentos. De acuerdo con el estudio Nos cayó el 2020 en materia de salud elaborado por el GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), esto se explica en gran medida por el bajo presupuesto que se aprueba y ejerce en términos de salud materna, sexual y reproductiva: apenas 1.4% del total del presupuesto para la salud pública se destina a estos rubros.
Violencia obstétrica
Es una problemática casi invisible pero extremadamente común en los hospitales públicos de México. Las agresiones contra las mujeres y personas gestantes que van desde ocultar información relevante o darla incompleta hasta intervenir emocional, física o sexualmente son conocidas como violencia obstétrica.
En México cerca del 30% de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia obstétrica durante el embarazo, parto o puerperio, de hecho, la muerte materna o neonatal es la expresión más grave de este tipo de violencias. Durante la pandemia se ha exacerbado la incidencia de estas problemáticas, por un lado, porque las personas gestantes no acuden con tanta frecuencia a los servicios de salud por el confinamiento y, por otro lado, debido a la concentración de recursos médicos en la atención a la pandemia.
Durante el 2020 se observó un incremento importante de la muerte materna, que pasó de una tasa de 34 decesos a 47 por cada 100,000 nacimientos. Para resolver estas problemáticas es necesario incentivar la capacitación y especialización del personal médico y auxiliar en las unidades públicas del país, adicionalmente, extender todos los servicios obstétricos en las comunidades marginadas y en zonas rurales.
Acceso al aborto
Con la concentración de los servicios médicos en la pandemia, creció la restricción al aborto legal, seguro y gratuito incluso en los únicos dos estados que tienen despenalizado el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, la Ciudad de México y Oaxaca. Durante este año se registraron 145,719 embarazos adicionales a los esperados y la atención por interrupción voluntarias o espontáneas de embarazos en hospitales cayó 32 por ciento. Sólo en las clínicas de interrupción del embarazo de la capital se registraron 39% menos procedimientos en abril-diciembre del 2020 en relación con el 2019.
La interrupción voluntaria del embarazo en México se encuentra restringida en 30 de los 32 estados del país, en donde cada uno tiene legislaciones distintas que determinan en qué casos es legal practicarse un aborto, desde casos de violación hasta casos en los que la vida de la madre está en peligro, pero nunca voluntariamente. En estos estados la situación se agrava debido a que afecta directamente y con más fuerza a todas las mujeres que no cuentan con recursos económicos, educativos o temporales para viajar a los estados en los que el aborto sí está permitido.
Considerar estas brechas es fundamental al legislar sobre la despenalización del aborto. El estudio elaborado por el GIRE, además, recomienda y resalta la necesidad de hacer legal y normalizar este procedimiento en todo el territorio nacional, al tiempo que se impulsan y promueven programas de educación sexual y acceso a métodos de prevención y planificación.
Acceso a la educación sexual
La planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual es un lujo que muchos mexicanos todavía no se pueden dar. De acuerdo con cifras citadas por el estudio del GIRE, para 2021 la necesidad insatisfecha de anticonceptivos aumentará de 11 a 18%, lo que podría traducirse en embarazos no deseados y un incremento importante de las enfermedades de transmisión sexual, que, de hecho, repuntaron en los últimos cinco años.
Adicionalmente en México cerca de 36,000 mujeres viven con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y aunque no tienen tanta visibilización, la discriminación y los obstáculos para acceder a los tratamientos persisten.
En este sentido es fundamental que se implementen campañas masivas y efectivas de difusión de información y acceso a métodos anticonceptivos, alternativas de planificación familiar, educación sexual y enfermedades. Ampliar la disponibilidad, distribución y dar gratuidad a todos estos servicios también es clave para redirigir las tendencias al alza de embarazos no deseados y contagios de enfermedades de transmisión sexual.
El acceso a preservativos, métodos de anticoncepción, educación sexual, interrupción voluntaria del embarazo, atención materno-infantil y seguimiento obstétrico son derechos básicos de la salud femenina. La salud materna, sexual y reproductiva son asuntos básicos de la salud pública. La salud pública es un derecho humano. Obstaculizar en cualquier expresión el acceso de las mujeres a estos servicios es una violación importante de los derechos humanos, y la importancia de estas violencias radica en que pueden costar la vida de las mujeres.
El GIRE, en su informe sobre salud y muchas organizaciones autónomas nacionales e internacionales continúan en la búsqueda de construir nuevas legislaciones y derribar las barreras para que todas las mujeres sin importar sus condiciones individuales puedan acceder a un derecho básico: la salud.