La transición política en México multiplicó la violencia criminal: Sandra Ley y Guillermo Trejo

Conforme México transitó de un régimen autoritario a una democracia multipartidista, aunque minimalista, la violencia se disparó, los grupos del crimen organizado desarrollaron intereses políticos y establecieron controles locales de facto en grandes proporciones del territorio nacional, plantean Sandra Ley y Guillermo Trejo.

Entrevistados con motivo de la presentación de su libro “Votos, drogas y Violencia. La lógica política de las guerras criminales en México”, editado por DEBATE, explicaron que los cambios de partidos en los gobiernos estatales desestabilizaron la zona gris en la que se mueven los grupos criminales con la protección de autoridades, lo que los motivó a crear ejércitos para defender sus territorios y luego utilizaron esa fuerza para incursionar en esferas diferentes a las de sus primeras actividades delictivas y hasta en el control político de sus territorios.

Asimismo, señalan que la guerra contra el narcotráfico estuvo dirigida con intenciones políticas para afectar a gobiernos opositores.

Sandra Ley, profesora investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Guillermo Trejo, profesor en la Universidad de Notre Dame y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales, compartieron con El Economista sus investigaciones, hallazgos y argumentos sobre lo que se hizo y se dejó de hacer en México, planteados en este libro que ofrece una teoría novedosa sobre la violencia criminal, que enfatiza la influencia crucial de la política.

—Profesora Sandra Ley, ¿hasta antes de este libro cómo se ha explicado la escalada de violencia criminal ocurrida en México a partir de 2006?

—Sandra Ley (SL): Una de explicaciones que prevalecían para entender el crimen organizado era más desde un punto de vista económico, entendiendo a los Grupos del Crimen Organizado (GCO) como actores económicos que tratan de maximizar sus beneficios financieros, desvinculados de la política y agentes apolíticos.

En este libro, lo que hacemos, es replantearnos qué es el crimen organizado y verlo en su conexión con el Estado y en lo que llamamos esta zona gris de la criminalidad que es el único punto en el que puede existir. Argumentamos que el crimen organizado no puede existir sin esa protección estatal, como una manera de poder operar con impunidad.

En esta zona gris de la criminalidad, existe el Estado y el crimen de manera muy cercana y, en ese sentido, el crimen organizado también comienza a desarrollar interés en la política. Por eso tenemos que detenernos y replantear el crimen organizado desde esta visión política y, un punto muy importante, también, desde un punto de vista de la localidad, es decir, el crimen organizado no está pensando en cómo construir un monopolio a nivel nacional. Estos monopolios se van construyendo a nivel local, es una cadena de operaciones locales.

—Profesor Trejo, ¿cómo era esa zona gris de las que ustedes hablan antes de que se diera esta transición a la democracia, que ustedes llaman minimalista, y antes de que ocurriera esta escalada de violencia en el país?

—Guillermo Trejo (GT): Esta zona gris, lo que distingue nuestro trabajo, por ejemplo, de estudios sobre la mafia en Italia, que entienden que existen zonas grises, pero que básicamente son miembros de la mafia y miembros de corporaciones privadas, abogados, financieros, contadores, los que generan estas estructuras criminales.

Lo que es distinto en nuestro libro es el papel que juegan, en particular, las fuerzas armadas, las policías federales, pero particularmente las policías estatales.

En su momento, eran las policías judiciales de los estados (las involucradas) en constituir estas estructuras criminales.

Invitamos a los lectores a repensar el crimen organizado como estructuras de red, donde confluyen grupos criminales, pero también agentes estatales de las fuerzas armadas, de las policías estatales y federales, de las policías municipales y también pueden existir empresas privadas que se corrompan.

Lo que realmente enfatizamos, y lo que era clave en el México de los 80 y 90, fue esta protección tan fuerte que brindaron las policías judiciales en los estados, miembros de las procuradurías generales en los estados y agentes de la Policía Federal que formaban parte de las delegaciones estatales.

Entonces, era esta estructura subnacional de protección que le permitía a distintos grupos operar y así es como, en vez de pensar el Cártel de Tijuana o el Cártel de Sinaloa, solo, como un grupo de hermanos reconocidos que es una entidad privada, hay que pensar cada vez más los cárteles como estructuras de red, donde convergen actores políticos y criminales y donde  especialmente juegan un papel central las fuerzas de seguridad.

Esto fue lo que privó hasta los 80 y esta zona gris empezó a sufrir embates muy fuertes y empezó a desestabilizarse de manera muy fuerte cuando inició la competencia electoral en México.

—Maestra Ley, ¿qué fue lo que pasó en el mundo criminal con la alternancia de partidos políticos en los gobiernos locales y federal?

—SL: La transición a la democracia en México no podemos pensarla sólo desde el 2000, de un día para el otro, sino que fue un proceso desde abajo, desde las distintas alternancias partidistas en México, empezando en 1989, con la primera gubernatura (la de Baja California) ganada por un partido de oposición al PRI (el PAN).

Lo que documentamos fue cómo en esos episodios de transición local, de alternancia partidista, con cada una de esas alternancias, lo que estábamos observando era el estallamiento de nuevas guerras criminales.

A partir de 1989, con Baja California, después Chihuahua, Jalisco, etcétera, empezamos a  ver cómo los grupos criminales, ante la incertidumbre de quién llegaba al poder y que cada gobernador llegaba y ponía a su propio gabinete de seguridad y en puestos claves (que eran en esas redes de protección), poco a poco comenzaron a generar sus brazos armados. Así tenemos que entender como surgen La Línea, para el Cártel de Juárez, Los Zetas para el Cártel del Golfo, por ejemplo.

En ese proceso, ya no solo estábamos hablando de cinco cárteles, sino de cinco cárteles con sus brazos armados que, a su vez, subcontratan a otros grupos a nivel local.

Lo que nos encontramos en el año 2000 es que ya estábamos en un punto muy importante de incremento de la violencia (estallidos de las guerras criminales) y su expansión  en el territorio nacional.

Si no volteamos ahí, no podemos entender cómo es que evoluciona posteriormente una transición a la democracia que, le llamamos mínima, en donde no hubo una reforma profunda a las  estructuras de Estado, en cuanto a sus policías, sus sistema judicial, de tal manera que esas redes de protección, que habían hecho posible el surgimiento del crimen organizado en esos procesos de alternancia partidista a nivel local, que las habían cimbrado y que podrían seguir reconfigurándose. Lo que sucede es que, al final, pueden reconstruirse siempre esas redes de protección y por lo tanto que siga floreciendo el crimen organizado.

—Maestro Trejo, entonces lo que ocurrió es que si bien cambiaron las condiciones para las organizaciones criminales hubo un trabajo que no se hizo desde el gobierno. ¿Qué pasó con el entramado institucional?

—GT: México transita hacia la democracia, pero es una transición minimalista, electoral. Es una transición en donde se democratizan las elecciones, pero no se democratizan las fuerzas de seguridad. No se democratizan las fuerzas armadas, las policías, los ministerios públicos, las procuradurías.

Entonces, en la medida que esta zona gris de la criminalidad jugaba un papel fundamental otorgando protección de las policías estatales, las judiciales, pero también los ministerios públicos, las procuradurías de los estados, si tú transitas y hay alternancia pensemos en Baja California, Chihuahua o Michoacán, Guerreo o Nuevo León. Todas las alternancias que estudiamos de 1989 a 2006, lo que termina pasando es que cambias al gobernador cambia el jefe de la policía, cambian mandos medios, cambia el procurador, pero no reforma las instituciones, porque no se reforman, ni las policías, ni las procuradurías estatales. Es muy fácil para los cárteles con sus brazos armados puedan reconstruir la cooperación y la protección un par de años después.

Entonces, si bien todo esto inicia con el PRI se va refuncionalizando con los otros partidos que llegan al poder.

A nivel subnacional no se dan estas reformas y a nivel nacional tampoco se dan.

Entonces, ¿qué termina pasando? que México transita a la democracia con instituciones del antiguo régimen, con policías autoritarias, con ejército autoritario, donde no hay rendición de cuentas, con ministerios públicos autoritarios y donde muchos de sus agentes se habían coludido en la etapa autoritaria con los cárteles y continuaban coludiéndose con esos carteles en democracia.

Por eso nosotros utilizamos el concepto de democracia íliberal. México transita a una democracia íliberal, con una zona gris muy grande y por eso fue posible que se fueran engarzando poco a poco los mecanismos electorales con la violencia criminal que estalla en estas zonas grises.

—Profesora Ley. ¿Qué es lo delicado de este asunto? ¿Lo grave es que se matan personas entre grupos de criminales, que la violencia escala y afecta a la ciudadanía o que esos grupos quieran incidir en política, qué esté gobernando de facto o qué?

—SL: Todo está relacionado. Ha sido un fenómeno que ha dado pie a otro y entonces hoy por hoy el libro abarca de 1990 a 2012 y nos da pistas muy importantes, como lo que hemos errado en el camino y seguimos errando a que hoy lleguemos a un punto en donde el crimen organizado ya no está limitado al mercado de drogas sino que ha incursionado a muchos más mercados pero muy trágicamente, con la posibilidad de controlar la política local, la economía y a poblaciones enteras en las comunidades donde ejercen estos controles. De tal manera en que hoy nos encontramos que ya no solo se trata de esta confluencia entre Estado y crimen organizado en esta área de la criminalidad donde pueden operar, sino cómo está permeando en la vida diaria de ciudadanos y ciudadanos.

Hoy por hoy es el crimen organizado el que está dictando mucho de lo que pasa dentro de estas ciudades y pueblos y, lo que más nos preocupa, es que estamos hablando de estos regímenes de gobernanza criminal, donde la democracia como la podríamos entender está muy lejos de ser una realidad.

—Maestro Trejo. Uno de los puntos que llama la atención en este libro es el asunto de las intervenciones selectivas de la autoridad y con una lógica política. ¿Podría abundar en eso?

—GT: Cuando el presidente Felipe Calderón, en medio de la crisis electoral de 2006, lanza la guerra en contra del narcotráfico, había un problema real que eran estos conflictos entre cárteles. Estamos hablando que para estos años más de 1,500 muertes en batallas entre cárteles. Entonces había un problema serio que se tenía que reconocer.

El presidente Calderón inicia una serie de intervenciones militares, más de 14 campañas militares que van acompañadas con distintas intervenciones de política social, política económica, pero también inicia una persecución en contra de actores políticos locales que supuestamente había evidencia que estaban coludidos con cárteles.

Lo que termina sucediendo es que, en el contexto de polarización, estas intervenciones están guiadas por objetivos políticos-partidistas.

Nosotros documentamos extensamente, a través de datos, análisis estadísticos, estudios de caso, que el presidente  cooperó con gobernadores del PAN y con presidentes municipales en estados gobernados por el PAN y parcialmente cooperó, algunas veces sí, en otras no. En estados gobernados por el PRI, pero en estados gobernados por la izquierda —entonces el PRD—, no solo no hubo cooperación, las intervenciones militares fueron unilaterales, la política social y la política de apoyo social fue muy endeble o no hubo programas sociales negociados.

No hubo una coordinación en particular con gobernadores de izquierda y, es más, a muchos alcaldes de izquierda y del PRI en estados como Michoacán, Sinaloa, Guerrero, estados gobernados por la izquierda, se les persiguió no judicialmente y la mayor parte de esos casos fueron cuestionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eventualmente se cayeron. Uno de esos casos fue “El Michoacanazo”.

El presidente Felipe Calderón aprovechó eso para pasarle el costo electoral en las elecciones intermedias de 2009 y luego se intentó hacer lo mismo con las elecciones de 2012.

Esto es algo que continúa hasta nuestros días. ¿Tenemos la evidencia dura que produjimos en el libro? No. Esto tendrá que ser otro libro, pero lo que alcanzamos a ver a través de un análisis, no tan sistemático, es que en la medida en que no se reformaron todas estas instituciones de seguridad, aunque nosotros hablemos de una fiscalía autónoma, sabemos que no lo es en los hechos, todavía hay una lógica muy partidista que priva en la política de seguridad y en la relación y coordinación entre federación y estados.

Este es un problema que afecta a todos los partidos y que ningún partido que ha llegado al poder federal ha querido renunciar al control de las fuerzas armadas, al control de la policía federal y al control de la procuraduría y, por lo tanto, siempre existe la posibilidad de politizar y ayuda a sus correligionarios y castigar a sus enemigos.

Conforme ha crecido más la polarización, el nivel de polarización es tal que una y otra vez están los incentivos a politizar la rendición de cuentas y la procuración de justicia.

Todo eso se lee en el terreno y todo eso abona a los distintos tipos de violencia.

diego.badillo@eleconomista.mx