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Las ONG han señalado fallas del NSJP
Miranda de Wallace ha fijado en diversas ocasiones su posición respecto al sistema penal.
La liberación de Orlando Xolapa Sánchez, el Chivo, detenido y vinculado por la autoridad con el ataque a una familia en una carretera en Puebla, y la recomendación a la Procuraduría capitalina por el caso Narvarte en el 2015, llevó a las activistas Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morena a levantar la voz nuevamente contra el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
De acuerdo con las fundadoras de Alto al Secuestro y Causa en Común, los diagnósticos de la pieza principal de la cadena de combate a la inseguridad, hasta la procuración de justicia, no están funcionando, según comentaron a El Economista.
María Elena Morena remitió a su reporte El estado de fuerza de las policías preventivas en México , que refiere que 258,557 elementos en todo el país no pasan los exámenes .
Lo grave es que hasta los mandos están bajo la misma situación, expone el documento, que es público e indica que no hay un estado del país que se salve de lo que ha sucedido ante el cambio impulsado al sistema de justicia mexicano, el cual se hizo en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa y se instauró en todo el territorio nacional con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la falla de esa cadena no es sólo de los policías, sino del agente del Ministerio Público local y federal así como de los jueces, que se encuentran definidos en el reporte de Mandos y operativos en activo evaluados en control de confianza de las secretarías de Seguridad Pública estatal y homologados , del propio Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sostiene Causa en Común.
Este lunes el organismo Alto al Secuestro dará a conocer su postura, tanto en el delito del secuestro que realiza mensualmente como ante el incremento de la violencia no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país, en el marco de las herramientas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que no están funcionando y no sólo son cuestionadas por dichas activistas, sino incluso por el Poder Judicial de la Federación, procuradurías y fiscalías.