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Política

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Las cárceles mexicanas son activos de organizaciones criminales: Enrique Zúñiga

A partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, las cárceles en México se convirtieron en empresas que fungen como activos criminales de cárteles de la delincuencia organizada y otros grupos de poder, expone el autor del libro La pelea por los infiernos. Las mafias que se disputan el negocio de las cárceles de México.

La pelea por los infiernos. Las mafias que se disputan el negocio de las cárceles de México, de Enirque Zúñiga, editado por Grijalbo. Foto EE: Especial

Las cárceles tienen un peso específico relevante en la operación de las organizaciones de la delincuencia organizada en el país, plantea Enrique Zúñiga.

El autor del libro La pelea por los infiernos. Las mafias que se disputan el negocio de las cárceles de México, editado por Grijalbo, señala que, por lo menos, hasta mediados de 2021, el Cártel de Sinaloa (CS) mantenía su dominio en las prisiones de ocho estados  y compartía el control o lo disputaba en las de otras de siete entidades; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ocho y disputaba o mantenía el mando en las de nueve más; el Cártel del Golfo (CG) dominaba en las de cinco y disputaba o compartía el mando en las de otros cuatro.

En tanto, el Cártel del Noreste (CNE) dominaba la prisión de Nuevo Laredo y disputaba o compartía el mando en otras de Zacatecas y Quintana Roo; Los Beltrán Leyva (BL), las de Querétaro, dos de Sinaloa y compartía con el Cártel del Golfo el control de la de Cadereyta, Nuevo León y mantenían disputa o compartía el mando con Cártel de Sinaloa y CJNG otros de Guerrero; mientras que  los Zetas Vieja Escuela (ZVE) dominaban el de Pachuca, Hidalgo y disputaban o compartían el control en otras del Estado de México.

Sin embargo, recalca que si bien las organizaciones criminales buscan controlar las prisiones que les interesan y por ello pueden confrontarse unas con otras, en muchos casos más bien acuerdan con autoridades “la concesión” de esos “negocios”.

Remarcó que hay un trasfondo, porque, evidentemente, ahí lo que se juega son posiciones de poder y que "muchas veces no necesitan ser peleadas; más bien son concesionadas, son dadas".

Dijo que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, las cárceles en México pasaron de regirse por signos y códigos a convertirse en empresas criminales que fungen como activos de la delincuencia organizada y otros grupos de poder.

Esos lugares tienen muchas finalidades: primero, son lugares en donde se instalan grupos de poder que ejercen cogobierno con las autoridades.

El hecho que digan que un grupo delictivo llegó y se instaló por la fuerza en una cárcel no es más que algo teatral, porque hay acuerdos directos en los que se les conceden a grupos el control de esos lugares.

Una vez obtenido el mando, colocan piezas que ejerzan el control no sólo de lo que les pasa a los internos, y la enorme diversidad de negocios ilegales entre la población carcelaria, como narcomenudeo, sino hasta las actividades lucrativas que realizan usando a los presos como empleados, como extorsiones telefónicas.

Es por ello que hay lugares como la cárcel de Piedras Negras que en algún momento sirvió como almacén de drogas que no tenía como destino final la cárcel, sino que estaba de paso en la ciudad rumbo a Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido en la prisión de Los Cabos.

El exvisitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que las cárceles mexicanas son microcosmos que reproducen un mundo de lo social de manera exacerbada y con códigos a veces más violentos.

El criminólogo recalcó que los cambios que hay en el mundo criminal fuera de ellas, se refleja ahí dentro. Por ejemplo, las de Tamaulipas pasaron de ser sitios repletos de fayuqueros a narcotraficantes que cuando llegan a esos lugares de pronto cuentan con armas y operadores de violencia.

Comentó que actualmente las cárceles de Zacatecas, particularmente la de Fresnillo, está en disputa entre grupos criminales, que consideran que es un lugar valioso para sus actividades.

Lo mismo ocurrió en Chihuahua donde bandas criminales tuvieron que negociar espacios de control dentro de sus instalaciones.

Una situación similar pasa en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde hay varios grupos de poder conviviendo y donde en ocasiones hay muestras de fuerza de uno y otro.

Recordó que hace algunos años el núcleo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, donde antes de que se cerrara el centro penitenciario federal había el lugar para presos federales como cárceles del ámbito estatal. En ese lugar la cárcel federal estaba controlada, al menos una parte por el Cártel de Jalisco y la comisaría por el Cártel de Sinaloa y hubo intentos de quitarle, de manera violenta el control a este último.

Mencionó que ha habido casos como el de la prisión de Piedras Negras, que era usado por líderes de organizaciones criminales como escondite, porque al ser una fortaleza no sólo sirve para que no se salgan lo que están dentro, sino para que no entren los de afuera.

Por otra parte, destacó que las grandes organizaciones criminales sólo buscan el control de ciertas prisiones, aquellas que les reditúan.

Es por eso que en Quintana Roo, por ejemplo, la disputa se da por la prisión de Cancún y no la de Cozumel o la de Playa del Carmen.

El criminólogo dijo que en las prisiones del fuero federal uno de los mayores problemas constituye las graves violaciones a los derechos humanos de los presos. 

En este caso, es difícil encontrar cogobiernos, aunque en algunas hay grupos de poder que actúan con la complacencia de autoridades, lo que permite que siga entrando drogas o celulares, cobros y extorsiones.

Las cárceles federales muestran la enorme asimetría que hay entre la autoridad federal y los internos. Son implacables, toda la fuerza del Estado recae sobre los prisioneros.

Las cárceles federales representan el cautiverio sin sentido, quiebran cuerpos y quiebran almas. No hay readaptación, solo hay encierro insustancial, particularmente cuando se trata de personas que fueron “objetivos prioritarios buscados por la justicia.

diego.badillo@eleconomista.mx

kg

Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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