Lectura 3:00 min
Ley de Amparo defenderá a indígenas: SCJN
El ministro de la SCJN, Juan Silva Meza, explicó que ahora tienen mecanismos jurídicos que protegen la conservación de los rasgos de identidad.
La nueva Ley de Amparo abrió la posibilidad a las comunidades indígenas de presentar un juicio de amparo colectivo en caso de considerarse afectado y demandar la protección de la justicia federal, pues el quejoso no requeriría tener un derecho subjetivo, expresó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza.
Al presentar el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, el Ministro detalló que de esta manera, la voluntad colectiva de un pueblo indígena tiene ahora mecanismos jurídicos para ser efectivamente protegida, en beneficio de la conservación de los rasgos de identidad que le permitan continuidad histórica y una vida desarrollada con su propia cultura.
Juan Silva Meza detalló que el reconocimiento de los derechos indígenas propiciará que el sistema jurídico y sus juzgadores respondan a los problemas de acceso de este grupo poblacional a la justicia que imparte el Estado.
El Ministro Presidente aclaró que el Protocolo ofrecerá herramientas para la interpretación jurídica en beneficio de las comunidades indígenas.
Ello, detalló, implica tener una actitud que comprenda garantizar el auxilio de intérpretes idóneos, ampliar criterios de admisión y desahogo de pruebas, admitir la jurisdicción indígena en la resolución de conflictos internos; proteger las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos originarios y verificar que los colectivos indígenas sean consultados cuando se toman medidas susceptibles para afectarlos.
Por su parte, el ex Relator Especial sobre la Situación de los Derechos humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, reconoció que a lo largo de la historia en México, los pueblos, comunidades y sujetos indígenas que constituyen la pluralidad étnica del país han sido víctimas de discriminación, exclusión y marginación.
Ante ello, un documento como el Protocolo destaca las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta también la reciente reforma constitucional del 2011, la cual incorporó a rango superior a las garantías derivadas de los tratados internacionales ratificados por el gobierno nacional, refirió James Anaya, actual relator especial sobre la Situación de los Derechos humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas.
Finalmente, Silva Meza informó que hasta el 31 de julio, la SCJN estará abierta a recibir comentarios por parte de las personas, pueblos y comunidades indígenas que quieran formular en relación con el Protocolo.
ana.langner@eleconomista.mx