Lucha ante la corrupción, todavía con pendientes

La conformación en la totalidad en los estados respecto de los Sistemas Locales Anticorrupción, la coordinación entre instituciones del sistema y avances en la Plataforma Digital Nacional, entre otros temas, son pendientes que a tres años de publicarse la ley por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se mantienen latentes.

De acuerdo con la Ley General del SNA, que fue publicada el 18 de julio del 2016, son seis instancias las que se deben conformar y en algunos casos nombrar a sus titulares a nivel local como réplica del sistema nacional: se trata de una Comisión de Selección, que a su vez debe nombrar al Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Se debe crear también una Fiscalía Anticorrupción y nombrar a su titular, además de designar a magistrados en materia de responsabilidades administrativas, se debe conformar un Comité Coordinador del Sistema y una Secretaría Ejecutiva del mismo, que ayude al desempeño de las actividades del sistema.

En este contexto, a tres entidades les falta una de estas instancias (Baja California, BCS y Morelos), mientras que tres son los estados que mantienen mayor retraso en la conformación de sus sistemas locales, con tres y hasta cinco instancias por integrar: Campeche, Chiapas y la Ciudad de México.

En Campeche no se ha nombrado al Comité de Participación Ciudadana, no se ha conformado el Comité Coordinador ni la Secretaría Ejecutiva.

A Chiapas, según el seguimiento realizado por el SNA con fecha de corte del 12 de julio, le hace falta el Comité de Selección, el Comité de Participación, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva.

Mientras que la Ciudad de México es la entidad con mayor retraso. A la capital le hace falta la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana, el fiscal anticorrupción y la Secretaría Ejecutiva; sólo se tienen a los magistrados en responsabilidades administrativas.

A la par de estos pendientes en materia de conformación de los sistemas han surgido nuevos en el camino, como la “cuestionable independencia” de los integrantes de los sistemas en muchos casos, opinó Eduardo Bohórquez, quien comanda el capítulo mexicano de la ONG Transparencia Internacional.

“En lo local es todavía más grave el asunto, la cercanía de muchos de los integrantes de los organismos de los Sistemas Locales Anticorrupción con el gobernador es enorme, hay un problema sistemático de independencia de estos organismos, incluso ese problema de independencia ha llegado a algunos CPCs donde se siente que los procesos de designación no han sido suficientemente abiertos”.

Bohórquez añadió que otro factor que ha abonado al problema es la ausencia de la sociedad civil organizada en algunos estados.

“Hay sociedad civil, por ejemplo, muy movilizada en Nuevo León o en Jalisco; en otras entidades federativas no tenemos la fortuna de que haya una sociedad civil crítica con tiempo, con disposición para poder dedicarse a estos temas y claramente donde no hay una sociedad civil fuerte hay instituciones capturadas por gobiernos locales, es casi perfecta la relación”, alertó.

Por su parte, el especialista en temas de combate a corrupción por la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa, Marco Antonio Fernández, enfatizó que a tres años de promulgada la reforma poco se ha avanzado en rubros como la creación de la Plataforma Digital y de nuevos formatos de declaraciones de intereses y patrimoniales de funcionarios públicos.

La Plataforma Digital, cabe mencionar, deberá concentrar al menos seis indicadores: la evaluación patrimonial de funcionarios; los procedimientos de contratación pública, y servidores públicos y privados sancionados por casos de cohecho.

Así como información generada por el sistema de fiscalización, el SNA; las denuncias hechas por faltas administrativas y hechos de corrupción, y el sistema de información pública de contrataciones.

El especialista Marco Antonio Fernández dijo que, en el caso de los formatos de declaraciones patrimoniales, ha habido grandes retrasos.

“Se llegó a un formato, llegó el nuevo gobierno e indicó que ese formato no le gustaba, el resto de los integrantes de los sistemas no dijeron nada. Dijeron ‘bueno, vamos a volver a empezar’ y luego el Poder Judicial informó que no (a los formatos nuevos) porque tiene su propio régimen especial, total que es la hora de que no tenemos un sistema que recoja de manera verídica, de manera fehaciente los posibles intereses de los funcionarios públicos y declaraciones patrimoniales”, expuso Marco Fernández.

Agenda de AMLO

Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra la corrupción en México se ha centrado especialmente en dos instituciones: la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

Además de que hay propuestas en el Congreso que plantean integrar a la UIF, e incluso al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Comité Coordinador del SNA ya sea como integrantes permanentes o invitados.

Estos hechos, indicaron los especialistas, se pueden ver como “el estilo propio” de la administración en turno en el combate al cohecho, no obstante, coincidieron en que el punto nodal es la efectividad de la Fiscalía General de la República al sancionarlo.

“Ellos (la UIF y la SFP) son los encargados desde el Ejecutivo de poner parte de las piezas, pero es el fiscal general el único que puede proceder contra una red de corrupción (...) yo creo que es sano que tengan el SAT y la UIF un nuevo rol, pero al final el eje es una fiscalía general que es constitucionalmente autónoma”, indicó Bohórquez.

El director de Transparencia Mexicana manifestó que el reto será que la fiscalía general dé resultados en la parte de sanción de los actos de corrupción sin importar si la información se la provee la UIF o la Auditoría Superior de la Federación.

A su vez, Marco Fernández refirió que el gobierno federal ha tomado en cuenta al SNA y muestra de ello son las acciones implementadas desde la SFP en el Comité Coordinador como los formatos de declaraciones patrimoniales que se reformaron nuevamente a través de su petición. En este sentido, coincidió que el tema se centra en la Fiscalía General.