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Nuevo sistema penal requiere funcionarios preparados, afirman
Especialistas destacaron que el éxito de la reforma depende en su totalidad de lo que hagan sus operadores prácticos, por lo que se debe asegurar que los actores principales estén perfectamente preparados.
Las leyes por sí mismas no aseguran la debida aplicación del sistema de justicia penal, son las instituciones del Estado mexicano, los poderes y los órdenes de gobierno en donde debe materializarse debidamente, explicó el mandatario Enrique Peña Nieto.
En la inauguración del Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia denominado: Reforma al sistema de justicia penal, a un año de vigencia, ¿quién falta y quién está en falta? , el Ejecutivo recordó que en junio del 2016 vence el plazo para que opere este sistema en todo el territorio nacional.
Ante representantes de organizaciones, académicos e integrantes de otros poderes de la Unión, Peña reportó que el gobierno federal, junto con los congresos locales, avanzaron en 90% en la armonización estatal con el Código Nacional de Procedimientos Penales y anunció que se desarrollan las herramientas e infraestructura para garantizar una investigación científica de delitos.
Por su parte, Alejandro Martí García, presidente de México SOS, indicó que la sociedad civil es vigilante y espera que en el próximo periodo de sesiones el Congreso de la Unión logre concluir el andamiaje jurídico que necesita la adecuada implementación de la reforma de justicia penal, porque si no se promulgan antes del 1 de julio del 2016 las leyes sustantivas y vence el plazo constitucional sería como volar un avión sin manuales .
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, refirió que para la implementación total de la reforma al sistema de justicia penal se debe completar la expedición de las leyes necesarias.
Urgió a los legisladores la aprobación de la ley nacional de ejecución de sanciones penales, además de hacer reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de la Fiscalía General de la República, la reforma y a la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación, entre otras.
El académico detalló que no sólo se necesita la expedición de buenas leyes, sino que los encargados de aplicarlas tengan el conocimiento, habilidades y competencias para transformar la realidad.
Nos hacen falta policías totalmente certificados y profesionales, ministerios públicos que sepan investigar y no sólo enviar oficios de una oficina a otra, jueces cercanos a la realidad sobre la que deben emitir un veredicto y que no se pierdan entre puras formalidades , explicó.
Carbonell comentó que el éxito de la reforma depende en su totalidad de lo que hagan sus operadores prácticos, por lo que se debe asegurar que los actores principales estén perfectamente preparados.
Aparte, la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Angeles Fromow Rangel, explicó la necesidad clave de tener una policía especializada, con conocimientos para realizar las tareas de investigación cuando así lo requiera el Ministerio Público y que cuide el lugar de los hechos .
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, dijo que el nuevo Sistema de Justicia Penal permite el acceso a la justicia poniendo a las víctimas en el centro, permitiéndoles tener participación en los procesos. Destacó que la oralidad permite que la víctima hable directamente con el juez, lo que le da mayores elementos para hacer su tarea.
En contraste Isabel Miranda de Wallace, directora de Alto al Secuestro, refirió que la ley no garantiza la implementación, ni que los mecanismos se estén dando para que las víctimas estén accediendo a sus derechos.