Obstáculo, el pasado político de Cervantes

La creación de la nueva Fiscalía General de la República y su consolidación es un reto, y se debe buscar a un fiscal que pueda estar a la altura de las circunstancias, mencionó Ursula Indacochea, oficial de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington.

Entrevistada por El Economista, Indacochea dijo que en caso de que el actual procurador de Justicia, Raúl Cervantes, llegase a mantenerse como el próximo fiscal, se podría comprometer la autonomía de la institución, así como diezmar la capacidad de acción debido a su pasado político.

En general, los procedimientos de elección de altas autoridades de un sistema de justicia atienden una serie de estándares y uno de ellos es, precisamente, la independencia. Esto se evalúa con base en criterios subjetivos y uno de esos criterios, es la cercanía al poder, la actividad político-partidaria. Por lo que sé, (Raúl Cervantes) es una persona que habría ocupado un escaño como senador y eso podría comprometer su autonomía y mermar la confianza del público en una institución que está naciendo , sostuvo.

En América Latina hay países, como Argentina, que se han enfrentado al reto mayúsculo que significa cambiar su sistema de procuración; las experiencias generadas en el país sudamericano pueden ser benéficas para México, ya que comparten la peculiaridad de que en ambos existe un sistema federalizado, refirió la especialista.

Los expertos de Argentina nos han contado que una de las principales lecciones que aprendieron es la necesidad de ser flexibles, es decir, que la legislación tiene que tener mecanismos que permitan cambiar, por ejemplo, el número de fiscalías especializadas. (Se debe tener) la posibilidad de que el fiscal cree, por su propia decisión, fiscalías especializadas que se vayan requiriendo en el camino. Este tipo de medidas que permiten flexibilidad en la estructura podría servir a México , acotó Indacochea.

Este tipo de reforma, dijo la también abogada, va acompañada de una reforma institucional en su conjunto, es por ello que incluso en Argentina, en donde se empezó a trabajar desde hace algunos años, se han corregido estatutos en el camino.

Por otra parte, uno de los obstáculos que enfrenta México y ante el cual se han enfrentado la mayoría de los países de América Latina que han intentado mejorar sus sistemas de impartición de justicia, es la disposición política que se presenta en el Congreso, prosiguió.

En este tema, Indacochea explicó que el tema de cabildeo político pasa por asumir la responsabilidad por parte de quienes crean y modifican las leyes.

No se trata de protegerse o proteger a la élite política o a los grupos de poder, se trata de que si no se construye una fiscalía eficiente, se puede incurrir en retrasos de hasta 10 o 20 años en la persecución del delito. Eso impacta no sólo en familias que tienen víctimas y que buscan justicia, sino impacta en general, en la economía, en el desarrollo. Esto es algo que se tiene que ver en perspectiva y que puede tener un alto costo para el país , agregó.