Oposición impugna creación de superdelegados

Los coordinadores del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre.

El PAN informó que el documento recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la tarde del 26 de diciembre del 2018 argumenta cinco puntos que, a decir de los legisladores, demuestran violaciones que se cometieron al aprobar diversos cambios en dicha ley.

Consideraron que se viola el principio de legalidad y principios de la democracia representativa, ello porque el dictamen aprobado fue realizado después de un procedimiento viciado, que impidió el cumplimiento de las formalidades de la Ley Orgánica del Congreso, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados, vulnerando los principios de la democracia representativa.

Además los partidos juzgaron que hubo una violación a la soberanía de las entidades federativas.

Los legisladores manifestaron su inconformidad por la nueva figura de superdelegados y denunciaron la aparición de un sistema netamente centralista, que rompe con lo más esencial del sistema federal: la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política.

A su juicio, se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la población.

En un tercer punto, consideraron que hubo violaciones en materia de energía. Las bancadas destacaron que resulta inconstitucional la adición propuesta al artículo 33, fracción XXI, estableciendo que la Secretaría de Energía coordinará con la Comisión Reguladora de Energía la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.

En otro punto, argumenta una presunta violación en relación con la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de planear la política en materia de contrataciones públicas y la consolidación de los procedimientos de compra de bienes y servicios.

Los diputados insisten en que no se abordan con claridad las argumentaciones que sirvieron de sustento para justificar el cambio de esas atribuciones, que antes correspondían a la Secretaría de la Función Pública.