Organizaciones de la sociedad civil y Gobierno: una relación disfuncional

La relación entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil no pasa por un buen momento. Lo malo es que a lo largo del territorio nacional hay una serie de problemas públicos que, ni la administración pública, ni las asociaciones, por separado, pueden solucionarlos.

De acuerdo con especialistas en el trabajo de esas entidades, si bien la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no busca desaparecerlas, sí les está poniendo trabas y las estigmatiza. La razón, las ve como fuente de crítica incómoda, además de que quiere aparecer como el único proveedor de bienes y servicios para la población más vulnerable.

Lo cierto es que se trata de una relación disfuncional que viene de lejos.

Pablo Armando González Ulloa Aguirre, académico del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica que, si bien la historia de las organizaciones de la sociedad civil en México se remonta muchas décadas atrás, al inicio del siglo XXI, con la alternancia del partido en el gobierno federal, ocurrió un cambio en la relación entre éstas y los funcionarios.

En febrero de 2004 se promulgó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), con la intención de tener una relación distinta en algo que, destaca el especialista, se interpretó como una refundación de la relación.

Eso ocurrió en un contexto en el que, hasta antes de alternancia, resultaba impensable que las organizaciones tuvieran algún incentivo para aportar sus datos para un registro nacional, debido a que una de sus principales causas era precisamente la lucha por la transición a la democracia.

Logrado ese objetivo, se dispersaron en una serie de causas y la ley les proporcionó un marco de certeza jurídica para que pudieran acceder a fondos públicos, capacitaciones, reconocimiento e interlocución.

Posteriormente a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), se establecieron programas de coinversión social y se incrementó la comunicación.

El también doctor en Ciencias Políticas y Sociales subraya que, pese al reconocimiento oficial, siempre ha permanecido la desconfianza de uno y otro lado, aunque, poco a poco se ha tenido conciencia que la solución de los problemas públicos no sólo corresponde a los funcionarios de gobierno, sino también a la sociedad que participa organizada.

Sin embargo, los cuestionamientos a ciertas políticas públicas por parte de las organizaciones expertas en temas específicos han generado tensiones con el gobierno, las cuales, permanecen hasta hoy.

Algunas organizaciones se han vuelto incómodas al ejercicio del poder por su carácter crítico.

El especialista llama la atención en que, a escala mundial, particularmente en ciertas naciones con tendencias al autoritarismo o regresiones democráticas, lo que ocurre es que se está dando un enrarecimiento de la relación y en el escenario en el que operan las OSC, vía el entramado legal.

En esas naciones, como acontece hoy en México, si bien no se da un ataque directo del gobierno contra ellas y, si bien no se busca desaparecerlas, lo que sí se ve, es que les están poniendo trabas, haciéndole más difícil el registro o si son donatarias les imponen nuevos requisitos, entre otras prácticas.

Son un bien público que debe defenderse

González Ulloa Aguirre destaca que las organizaciones de la sociedad civil son un bien público que tendríamos que defender y sus derechos adquiridos no deberían tener ningún tipo de regresión a partir de acciones de gobierno.

Asimismo, considera que las OSC no han sabido comunicar a la sociedad cuál es su importancia y lo que ocurre hoy es una oportunidad para generar una narrativa de qué es lo que hacen y porque son importantes.

Recalca que esas organizaciones nunca han tenido como objetivo sustituir las acciones de gobierno; su valor estriba en su experiencia y conocimiento profundo en ciertos temas.

Por muchos años se pensó que una sociedad civil débil podría construir gobiernos fuertes, pero la experiencia ha demostrado que hay una relación intrínseca entre un gobierno fuerte y una sociedad civil fuerte. Si tú tienes un gobierno débil, vas a tener una sociedad civil débil. Este principio de reciprocidad es fundamental para fortalecer a los dos lados, refiere.

Gobiernos autoritarios buscan que la asistencia pública sea monopolio del gobierno

Por su parte, Miguel de la Vega Arévalo, consultor en materia de proyectos de sociedad civil e iniciativas de incidencia, expone que, la administración del presidente López Obrador no sólo ha mostrado un desinterés de las OSC, sino una desconfianza, acompañada de una estigmatización al tacharlas de corruptas y opacas.

Desde su perspectiva a López Obrador, las OSC le representan un obstáculo a la percepción que pueda tener la ciudadanía de su trabajo, lo cual es un error porque se trata de una visión que no corresponde a una democracia participativa como a la que aspira ser México, donde existen voces que puedan no estar de acuerdo con las políticas gubernamentales.

“En regímenes de corte autoritario se busca que la asistencia pública sea monopolio del gobierno, lo cual actúa en contra de la gente que necesita de los beneficios”, remarca.

Para el también académico no se entiende que un gobierno que quiere promover el desarrollo social no invierta en OSC y menos que las obstaculice.

“Me parece que hay dos temas importantes. Uno, el gobierno quiere ser ante la opinión pública, el único proveedor de bienes y servicios para la población más vulnerable. Segundo, me parece que es un gobierno que está dando visos de autoritarismo y eso es ya tener una herramienta de atacar a las organizaciones en cuanto a su capacidad de auto sustentarse, lo cual disminuye su capacidad de acción y las hace que tengan menos posibilidades de hacer análisis crítico al gobierno, de hacer propuestas críticas y de servir de contrapeso al gobierno”.

Una relación difícil con la 4T

Desde las primeras semanas del gobierno del presidente López Obrador se observaron señales claras de que la relación del mandatario con las OSC no sería fácil.

El 14 de febrero de 2019 emitió la “circular uno” en la que él ordenó “no trasferir recursos del presupuesto a ninguna organización de la sociedad civil” con el objetivo de “terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.

De acuerdo con lo consignado en el informe anual de las acciones de fomento y de apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la administración pública federal a favor de las OSC correspondiente a 2018, ese año se canalizaron de 6,209 millones 037,495 pesos.

El asunto no quedó en cerrarle la llave del presupuesto, el gobierno emitió entre muchas, una regla según la cual se agregó como nueva causal de revocación de la autorización a las OSC para expedir recibos deducibles, el hecho de que cuando el o los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del Consejo Directivo o de Administración de una organización civil a la que le haya sido revocada su autorización dentro de los últimos cinco años, formen parte (de cualquier forma) de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles durante la vigencia de la misma.

Luego, el 8 de septiembre de 2020, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la federación.

Las modificaciones que se proponen a la Ley del ISR pueden tener repercusiones importantes sobre el funcionamiento y operación de las organizaciones que tienen reconocido el carácter de “donatarias autorizadas”.

Entre las diversas disposiciones destaca la que propone que en caso de que las donatarias autorizadas obtengan la mayor parte de sus ingresos del ejercicio fiscal (más del 50%) de actividades no relacionadas con su objeto social, perderán su autorización, a efecto de evitar que estas entidades realicen actividades tendientes a obtener un lucro.

En este sentido, Romina Farías Pelayo, coordinadora de investigación del Cemefi señaló que en 2019 se reportaron 9,039 OSC donatarias en México, de las cuales 79% no tendrían problema en comprobar que sus ingresos están relacionados con su objeto social y 21% las que supuestamente se exceden en ese rubro.

La exposición de motivos de esta iniciativa de ley expone que las donatarias autoritarias reciben 47,695 millones 342,027 pesos al año por donativos; 20,276 millones, 273,378 pesos por ingresos relacionados con el objeto social y 132,323 millones 707,585 pesos por ingresos no relacionados con el objeto social.

De acuerdo con un análisis de la iniciativa realizado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), los ingresos que dice el SAT que están relacionados al objeto social, se refiere a intereses arrendamientos, rentas de capital etcétera, pero los 132,000 millones de ingresos no relacionados con el objeto social viene de dos fuentes: del portal de transparencia del SAT y de la declaración anual del SAT que hacen las donatarias autorizadas.

El problema que señala el Cemefi es que en ambas fuentes sólo aparece un rubro que dice donativos, ingreso de renta de capital arrendamientos, etcétera y otros ingresos.

Entonces no hay manera de diferenciar los ingresos relacionados al objeto social de los ingresos no relacionados.

Más de 50% las donatarias que estarían en el supuesto de los ingresos no relacionados con el objeto social están en el sector educativo y otra parte importante en asistencia y salud y entre ellas hay hospitales que son donatarias autorizadas como el hospital ABC, el Español, entre otras y hay universidades como el Tecnológico de Monterrey, el ITAM y la Ibero.

En esos casos, los ingresos por colegiaturas de esas universidades aparecen en el rubro de otros ingresos.

Según el Cemefi, el SAT ofreció ya hacer una reingeniería en los formatos para que las donatarias puedan reportar correctamente sus cuotas de recuperación, las cuotas de sus miembros, ingresos relacionados y los ingresos no relacionados.

Por otra parte, en cuanto a la iniciativa que establece como causal de revocación cuando en una OSC aparezcan como consejeros personas que hubieran estados como consejeros en otra OSC cuya calidad de donataria hubiera sido revocada, el Cemefi señala que eso podría ser hasta anticonstitucional por tratarse de una pena trascendente.