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Pide Inai 30 millones extras a San Lázaro para ciberseguridad en 2023
En julio pasado, el Instituto Nacional de Transparencia registró más de 60 millones de ciberataques a la Plataforma de Transparencia.
El Inai señaló que el hackeo a los correos de la Sedena por parte de la organización Guacamaya ha evidenciado la vulnerabilidad de los sistemas de información del país, por lo que llamó a la Cámara de Diputados a respaldar su propuesta para incrementar 30 millones de pesos al presupuesto del próximo año que será destinado a la ciberseguridad del instituto.
Al participar en una mesa de diálogo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de cara a la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, la comisionada del instituto, Josefina Román Vergara, informó que para 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) solicita una bolsa de 104 millones de pesos para el rubro de ciberseguridad.
Lo anterior, significa un aumento de 30 millones de pesos con relación a lo aprobado en 2022, cuando solicitaron 74 millones de pesos.
Según lo expuesto por la comisionada, el incrementó para la nueva seguridad se debe al arrendamiento de compra de un sistema de seguridad perimetral, así como el arredramiento de 400 teléfonos, y computadoras, además de los servicios que se dan en la plataforma y la renta de servicios de la nube.
Embates digitales
Por su parte, y al hablar sobre la Dirección de Tecnologías de la Información, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, aseguró que jamás han sido hackeados los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia y se han logrado contener los embates, pues tan solo en julio, en dos días, hubo 60 millones de intentos.
Mientras que el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que la incursión de Guacamaya Leaks ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas informacionales, por lo que es indispensable asociar que el Inai juega un papel relevante en la tutela, custodia y vigilancia de los datos personales que se alojan en el sector público, pero se requiere del apoyo del legislativo para atender una serie de reformas en la materia que están aplazadas, así como el respaldo en materia presupuestal.