Piden a EPN que ejerza presión política

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, propuso que el presidente Enrique Peña Nieto aplique presión política’’ a los 31 gobernadores y al Jefe de Gobierno capitalino, para reducir en 50% el secuestro en México, planteado como estrategia en su mandato; caso contrario se repetirán las megamovilizaciones como las del 2004 y del 2008.

En una breve plática, después de que el organismo hizo pública la situación sobre ese delito, aseguró que es un crimen que sigue afectando a grandes, medianos, pequeños y a microempresarios; según su análisis de 117 páginas, entre enero y abril del 2012, se registraron 417 ilícitos y entre enero y abril del 2013 van 555, lo que significa 33% más que el año pasado, además de que el síntoma sigue a la alza.

Los compromisos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de agosto del 2008, el registro de teléfonos celulares y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, han sido un completo fracaso’’, resaltó Ortega Sánchez, porque simple y sencillamente no hay voluntad política’’.

Y en este punto, no sólo se refiere a la voluntad del Ejecutivo federal o de la reciente administración, la violencia del pasado y presente se encuentra ahí y no se ha podido siquiera comprometer al CNSP a gobernadores de los estados y de la ciudad de México a una política pública antisecuestro, desdeñada así por la clase política nacional’’.

Según el activista social, en la plataforma política durante su campaña, Peña Nieto se comprometió a reducir en 50% este delito, que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los cuales maneja desde el 2009, calcula 20,000 secuestros al año, tomando en cuenta todo tipo de secuestro.

Ortega agregó que esta falta de voluntad, a su vez, tiene como su causa el que la sociedad no haya ejercido sobre los políticos y gobernantes del país de los tres órdenes de gobierno la presión necesaria, por eso es indispensable que el Presidente lo haga, porque las expectativas de descender tan grave delito no hay forma cumplirlas sin gobernadores’’.

Lo ofensivo, indignante y, sobre todo, que más lastima a familias y al entorno social, se ha hecho patente cuando se movilizaron más de 1 millón de personas el 27 de junio del 2004 y la del 30 de agosto del 2008, por tanto comentó, que los políticos recuerden que eso inició sólo por la impunidad del delito del secuestro’’, concluyó.

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