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Política

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Piden ampliar a más casos indulto por violación a DH

En el caso de Patisthán, organizaciones civiles piden que no se quede en una aplicación tardía de la justicia, sino que las personas responsables de su juicio injusto y encarcelamiento rindan cuentas.

El indulto otorgado al indígena tzotzil Alberto Patishtán por parte del Ejecutivo federal debe impulsar una revisión completa de los casos injustos y no quedarse únicamente en un reconocimiento tardío de la ilegalidad, como la cometida en contra del maestro chiapaneco, quien estuvo encerrado 13 años mediante un juicio infundado, advirtió un contingente de organizaciones civiles, nacionales e internacionales.

El problema de la incorrecta aplicación de la justicia en México y de la falta de respeto a las garantías judiciales, como en los casos de tortura o fabricación de pruebas para hacer cuadrar las investigaciones judiciales, está extendido en todo el país, tanto en los estados como en el orden federal, advirtió en entrevista el responsable de Estrategias de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Daniel Zapico.

En tanto, Javier Zúñiga, asesor especial también para AI, explicó a través de una comunicación oficial, que si bien el indulto presidencial es un gran alivio para Alberto Patishtán y su familia, no se acerca a la verdad, justicia y reparación. Las personas responsables de su juicio injusto y encarcelamiento deben rendir cuentas .

El abogado Sandino Rivero, quien en los últimos 14 meses llevó el caso del indígena tzotzil, explicó en conferencia de prensa que el indulto otorgado fue el reconocimiento de un error que cometió el Poder Judicial de la Federación, pues se violaron los derechos humanos del profesor, por tanto, no se reconoce su culpabilidad sino que existieron graves violaciones al debido proceso.

El legista abundó en que con esta figura todos los reos del fuero federal, que hayan agotado todos los recursos en el país para demostrar su inocencia y cuyos derechos hayan sido violados gravemente durante el proceso, pueden recurrir a esta ley.

El abogado Pedro Faro, integrante del Centro Fray Bartolomé, advirtió por su parte que el poder niega sistemáticamente el acceso a la justicia en contra de la población excluida, la cual en su mayoría es pobre o indígena.

Al igual que el caso del profesor Patishtán, existen otros procesos pendientes en Chiapas, como los de los presos: Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, indígenas tseltales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en San Sebastián Bachajón.

El asesor de AI detalló que el caso de Alberto Patishtán es sólo un ejemplo de un patrón sistemático, después de ser acusado por un crimen que no cometió, no tuvo acceso a un abogado defensor competente, un fiscal independiente o un juez imparcial .

Daniel Zapico recordó que la reforma constitucional penal del 2008 demandó un nuevo sistema de procuración de justicia en México, el cual sería oral, penal y acusatorio, además de que las pruebas se presentarían ante los jueces para agilizar la justicia. Sin embargo, sólo en tres estados del país está implementado y aún se arrastran mañas, como el uso de la tortura para obtener confesiones. El nuevo sistema no está sirviendo para evitar las viejas prácticas, eso implica que no hay un cambio real , dijo el también abogado.

Nos congratulamos por la decisión de liberar de manera expedita al profesor Patishtán, a partir de la entrada en vigor de la reforma al Código Penal Federal, y tenemos altas expectativas de que otras personas sentenciadas cuyos derechos humanos han sido violados logren acceder al mismo beneficio , dijo a través de una comunicación oficial Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

ana.langner@eleconomista.mx

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