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Piden nombrar a comisionados del Inai
El Inai corre el riesgo de quedar inoperante en 2023 porque, además de los dos comisionados que le faltan al pleno, en abril un comisionado más terminará sus funciones.
Ilustración EE: Nayelly Tenorio
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) corre el riesgo de quedar inoperante en 2023 porque, además de los dos comisionados que le faltan al pleno, en abril un comisionado más terminará sus funciones.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas expuso que “el Inai tiene, ahorita, dos comisionados que nos faltan y yo, en abril del año que entra (2023) ya me iré y faltará otro (comisionado)… si falta otro ya no podrían sesionar en el Inai”.
Acuña Llamas comentó que las sesiones que realiza el Instituto son de manera semanal y que no puede dejar de realizarse estas porque siempre hay que tratar entre 200 y 300 asuntos.
El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública establece que el pleno del Instituto deberá estar conformado por siete comisionados con voz y voto, y que las sesiones que realice serán válidas con la asistencia de por lo menos cinco integrantes, incluyendo al comisionado presidente.
Por eso es que, a pesar de la actual ausencia de dos comisionados, el pleno del Inai puede seguir en funciones; pero, en caso de que no se elijan los comisionados que falten y se sume la ausencia de un tercero, no se podrán realizar sesiones
¿Cómo se eligen a sus integrantes?
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala, en su artículo 18, que para que se nombre un comisionado nuevo el Senado de la República tendrá que realizar una consulta con los grupos parlamentarios y deberá ser elegido con el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes.
También, indica que el proceso del nombramiento se debe comenzar en un plazo no mayor a 60 días anteriores a la fecha en la que un comisionado deje su puesto.
Los comisionados del Inai, una vez elegidos, están en el cargo durante un periodo de siete años, sin posibilidad de reelección, y durante dicho periodo están imposibilitados a tener algún otro empleo, cargo o comisión, a excepción de los cargos no remunerados en instituciones científicas, educativas o de beneficencia.