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Proponen que multas se destinen a órganos de agua
La regulación en la explotación del líquido vital en el país tiene por lo menos 10 años de atraso, afirma Sandra López, investigadora del IMCO.
En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para que los recursos obtenidos del cobro de las infracciones, cometidas por los concesionarios de agua en México, se destinen a fortalecer a los organismos de agua locales.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la propuesta en la que se busca agregar un par de párrafos al artículo 12 Bis 6 de la referida norma.
Propuso establecer que los Organismos de Cuenca —responsables de administrar y preservar las aguas nacionales en cada una de las 13 regiones hidrológico-administrativas del país— podrán en todo momento hacer visitas extraordinarias a las Unidades de Servicios, comercio e industria.
Lo anterior con el objetivo de fiscalizar los volúmenes concesionados de agua y, en su caso, hacer los cobros que corresponda por extraer más agua de la autorizada o cuando las descargas de agua no correspondan con el volumen autorizado.
Dentro de la exposición de motivos, Borrego Adame indicó que también se debería incorporar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la legislación, para que todo “adeudo que, por concepto de utilización y explotación de agua en que incurran las grandes empresas usufructuarias del vital líquido, se transforme en un crédito fiscal”.
Añadió que con esta propuesta se busca robustecer el sistema de asignación de los derechos del uso del agua, aunado a desarrollar un sistema para administrar y pagar el agua de acuerdo con el consumo.
Sin distinción de clases sociales y menos de privilegios y concesiones a los que tengan más recursos económicos”, sostuvo.
La iniciativa fue turnada para su análisis a comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara Baja.
Sin vigilancia
De acuerdo con el informe “Modernizar la regulación de aguas en México”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 97% de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor.
A febrero de este año, el IMCO informó que había un registro de 525,572 títulos de concesión en el país, lo anterior quiere decir que 509,805 no cuentan con un medidor. De igual manera el documentó confirmó que 93% (488,782) no han sido verificados.
Las verificaciones por parte de la Conagua se han visto reducidas en los últimos años ya que el reporte advirtió que, entre el 2011 hasta el 2018, el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de 8,129.
Mientras que para los primeros años (2019 a 2022) de la actual administración, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el total se ubicó en 2,334, es decir, existió una disminución de 71.3 por ciento.
Retrasos de una década
Sandra López, investigadora de medio ambiente del IMCO estimó que existe un rezago de aproximadamente 10 años en lo que se refiere a la regulación del agua en México.
“El tema del agua en México es enorme, es un monstruo; me atrevo a compararlo incluso con el petróleo y la energía eléctrica, por ejemplo. El problema del agua es que no se trata como si fuera un recurso indispensable, al momento de que observamos los resultados de informes o portales de la Conagua no se pueden observar como si con Pemex y CFE”, comentó a El Economista.
Por otro lado señaló que el gobierno confía que el recurso vital se tendrá para largo plazo, sin embargo, aseguró, la crisis hídrica ya “nos alcanzó”.
Con lo que se refiere al tema de la legislación, la experta sostuvo que con la que se cuenta actualmente data de hace 30 años y no se ha actualizado.
Se ha buscado actualizar pero lamentablemente sigue en el tintero, desde el 2012, una Ley Nacional de Aguas; parece que las autoridades no se la toman en serio y los más afectados somos la población”, lamentó.
Por otro lado, López indicó que la Conagua le hace falta capacidad: recursos humanos y mayor vigilancia para dar revisión a las más de 500,000 concesiones de las que se tiene registro.
“De nada va a servir que se establezca en una ley o en una norma si no hay capacidad para poder vigilar que ésta sea efectiva”, concluyó.