¿Qué instituciones desaparecieron en el gobierno de AMLO?

Con los argumentos de eliminar la corrupción y ejercer austeridad republicana, el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo un proceso de eliminación de instituciones del Estado mexicano que, todo parece indicar, continuará en la siguiente administración federal.

Desapareció, al menos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), ProMéxico, el Seguro popular que cambió por el Instituto de Salud para el Bienestar que también desapareció  y sus tareas fueron asignadas al IMSS-Bienestar; 10 subsecretarías; suspendió la aplicación de 14 encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), canceló o recalendarizó proyectos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), determinó la desaparición, primero de 281 y luego de 109 fideicomisos de distinta índole.

Además, decidió la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Coneval, Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Mejoredu, lo cual está por aprobarse en el Congreso de la Unión.

También determinó eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y en su lugar crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, lo cual también debe ser aprobado por el Congreso. Eso luego de que fuera rechazada en el legislativo la reforma electoral propuesta en 2022 y luego de que fuera declarada la inconstitucionalidad de una serie de reformas en la materia promulgadas en marzo de 2023.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, “el aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados”.

Por ello, señala el mismo documento, el gobierno federal eliminará los despachos inútiles, concentrará las funciones y tareas en las dependencias centralizadas y reorientará los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico.

Fue un debilitamiento de las capacidades institucionales del Estado Trampósa, señalan

Para Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue tramposo desaparecer esas instituciones porque el argumento de la corrupción no se materializó y menos el de la austeridad, pues hoy el presupuesto que ejerce el gobierno es sustantivamente más grande que el que ejerció al principio del sexenio, con un incremento de alrededor de 30% en términos reales.

Al principio del sexenio, el llamado capítulo 1,000 de sueldos y salarios, era de un billón 109,000 millones de pesos y hoy tiene un billón 202,000 millones de pesos.

Lo que pasó, destacó, es que, en nombre de la austeridad republicana no se hizo una administración pública más austera, sino que lo único que se hizo fue quitarle dinero a las dependencias y entidades públicas que no le interesaban al presidente para rediccionarlas hacia las que sí le interesaban, particularmente hacia el sector militar.

Tenemos una administración pública pauperizada, donde la capacidad burocrática para enfrentar problemas es mucho menor que al principio del sexenio, abundó.

En su opinión, lo delicado es que sí ha habido una reconfiguración de la administración, que ha dado como resultado pérdida de capacidades, tanto por afectaciones de la estructura burocrática, como en la organización, debido a la centralización excesiva.

Tenemos un Estado menos eficiente para enfrentar muchos de los problemas públicos, remarcó.

Puso como ejemplo de ello la eliminación del Seguro Popular, que fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que luego se eliminó y sus funciones fueron encargadas al IMSS-Bienestar.

También llamó la atención sobre el debilitamiento de instituciones relacionadas con atención al medio ambiente como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conabio y la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por su parte Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública en el IMCO expuso que la experiencia de lo que pasó con la desaparición de fideicomisos públicos, demostró que se trató de una decisión por motivos políticos, más que por generar ahorros o evitar duplicidades en la administración pública o eliminar corrupción.

En opinión de la especialista no fue una buena decisión ya que, por ejemplo, en los destinados a centros públicos de investigación se perdió la agenda de investigación, al no haber la certeza de que se pudieran concluir proyectos que duran más de un año.

Explicó que en esos instrumentos no solo había recursos públicos, sino también autogenerados.

Al final, añadió, lo único que ocurrió fue la ausencia de una herramienta jurídica que servía para propósitos específicos perfectamente definidos y claros.

Puso como ejemplo que, al ya no existir el Fondo para la Atención de Desastres, cuando ocurrió la devastación de Acapulco por el paso del Huracán Otis, se tuvo que sacar recursos de otras partidas, porque no había la bolsa que antes funcionaba específicamente para casos como ese.

No fue una buena decisión porque se eliminaron sin un diagnóstico sólido y sin tener un plan para suplirlos.

Dijo que, si bien, se justifica la austeridad pública, sobre todo ante el derroche observado en sexenios anteriores, las medidas de recorte de presupuesto más bien fueron selectivas.

Recalcó que el presupuesto que se canaliza a los órganos constitucionalmente autónomos es bajo y si se considera el trabajo que realizan, con todo y que son mejorables, son instituciones que realizan aportaciones muy importantes a la gestión pública, empezando por los contrapesos que representan.

Son instituciones que cumplen labores importantes, que se han venido fortaleciendo.

Desaparición del INEE

El 15 de mayo de 2019, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se convirtió en la primera institución autónoma que desapareció este gobierno.

Creado en agosto de 2002, durante el sexenio del presidente, Vicente Fox Quesada, ese organismo logró su autonomía en 2013 con la reforma educativa promulgada durante la administración del presidente Felipe Calderón. Su misión era evaluar el sistema educativo nacional en lo que corresponde a la educación obligatoria, coordinar el Sistema Nacional de Evaluación y emitir directrices de política a las autoridades educativas.

Cuando se envió al Congreso de la Unión la iniciativa para desaparecer ese instituto se argumentó que era en apego al compromiso de campaña del López Obrador, en el sentido de cancelar “la mal llamada reforma educativa y detener las afectaciones laborales de las que fue víctima el magisterio”.

Liquidación  de ProMéxico

Le siguió el ProMéxico, el organismo encardado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación del país en la economía internacional, apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en territorio mexicano y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera.

El proceso de desincorporación por extinción inició el 27 de marzo de 2019, al aprobarse por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD). El 3 de mayo de ese año se publicó el convenio de extinción de esa institución creada en 2007, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

Se encargó a las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores las tareas que antes llevaba a cabo ese organismo.

Eliminación del CPTM

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) fue creado en 1999, como el organismo responsable de la promoción turística nacional e internacional.

El 7 de diciembre de 2018, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó la desaparición del organismo, con el objetivo de que “el Estado sea más delgado” y los recursos que se utilizaban para su operación “se canalicen a las prioridades nacionales”.

Explicó que la labor de promoción internacional se llevaría a cabo a través del programa “Operación toca-puertas”, enfocado en negocios efectivos con los principales tour-operadores emisivos, y en estrecha vinculación con las líneas aéreas y los tour operadores receptivos, y participando en ferias internacionales.

El 31 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su desincorporación, disolución y liquidación.

Eliminan Seguro Popular y luego al Insabi

El 1 de enero de 2020 fue publicado el decreto por el que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y desapareció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular. El nuevo organismo duró hasta el 29 de mayo de 2023, cuando se  publicó el decreto por el que se desapareció y sus funciones se integraron al IMSS-Bienestar. Opera en 23 estados.

Inegi suspende 14 encuestas

Si bien el gobierno federal decidió mantener al Inegi, durante el primer año de la actual administración le asignó menos presupuesto, lo cual ocasionó que suspendiera al menos 14 encuestas.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contenía una partida de 12,629 millones de pesos la institución; sin embargo, al final se le asignaron 12,129.6 millones.

De acuerdo con el director de la institución, Julio Santaella, por esa razón, se tuvo que “hacer un ejercicio de priorización”.

El Instituto informó en enero de 2019 la suspensión de las siguientes encuestas:

1. Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED).
2. Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH).
3. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo.
4. Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID).
5. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).
6. El Censo Agropecuario.
7. Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).
8. Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO).
9. Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP).
10. Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).
11. Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN).
12. Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).
13. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.
14. Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).

Coneval cancela y recalendariza proyectos

El 23 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberían observar las dependencias y entidades de la administración pública federal. Eso ocasionó cancelación y recalendarización de los proyectos del Coneval. Se realizó una priorización de proyectos del sistema de evaluación y de medición de pobreza como insumos importantes para la toma de decisiones en materia de desarrollo social, ya que 41 de los 60 proyectos sustantivos programados se cancelaron, así como uno de los dos proyectos de tecnologías de la información, por lo que se concluyeron 19 proyectos sustantivos en el 2020.

Concretamente se canceló la conclusión de estudios contratados en materia de pobreza.

Por otro lado, se declaró la extinción del fondo sectorial Conacyt-Coneval.

Eliminación de 10 subsecretarías

Como parte de las medidas de austeridad contenidas en el decreto del 23 de abril de 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó las siguientes subsecretarías.

Desaparición de 109 fideicomisos

El 2 de abril de 2020 se publicó el decreto para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.

La medida afectó al menos 281 fideicomisos para recuperar 250 millones de pesos a más tardar el 15 de abril de 2020.

Luego, el 6 de noviembre de 2020 se publicó un decreto de extinción para desaparecer 109 fideicomisos y así recuperar más de 90,000 millones de pesos en un lapso de seis meses.

Entre los fideicomisos eliminados están 65 de Conacyt; 26 de centros de investigación, 18 relacionados con proyectos como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fondo de Desastres Naturales; el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.

Eliminación de 7 organismos autónomos

El 25 de agosto pasado, La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación Orgánica, con lo que desaparecen:

• Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
• Comisión Reguladora de Energía (CRE)
• Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
• Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Sus atribuciones regresarán a las secretarías de Estado que “originalmente” contaban con ellas.

Desaparición del INE

Además, determinó eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y en su lugar crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), lo cual también debe ser aprobado por el Congreso, porque es parte del paquete de iniciativas enviadas en febrero pasado por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión. Todo ello denominado plan C.

Eso luego de que fuera rechazada en el legislativo la reforma electoral propuesta en 2022, conocida como Plan A y luego de que fuera declarada la inconstitucionalidad de una serie de reformas legales en la materia promulgadas en marzo de 2023, denominada Plan B.

Propone que el INEC absorba las funciones de los Órganos Públicos Locales o también conocidos como institutos estatales electorales.

Un gobierno sin capacidades institucionales, no se resolverá los problemas públicos

Natalia Campos comentó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum empezará en un escenario con problemas complejos, por ejemplo, en materia de seguridad, salud, con fuertes presiones en las finanzas públicas y de corrupción, los cuales no se van a resolver si no se cuentan con las capacidades adecuadas, si no se fortalece la profesionalización en las instituciones, si se mantiene la discrecionalidad en las decisiones.

“Se requiere una orientación en la solución de políticas públicas basado en evidencia y cercanas a las personas”, remarcó.

Dijo que de entrada hoy se tienen más dudas que certezas de como vayan a funcionar instituciones resectorizadas a secretarías de Estado o a otras instituciones.