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Reclaman recursos para impartición de justicia
La AMIJ, compuesta por magistrados, jueces de lo común y federal, al frente de Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN y CJF, se reunieron ayer en Los Pinos con el Presidente, donde le explicaron esa situación, reveló en conferencia Rodolfo Campos Montejo.
No basta con reformas constitucionales para aplicar la nueva Ley de Justicia Penal, sino de 300 millones de pesos, porque no nos han asignado un solo peso , de no corregir será el mayor fracaso del presidente Felipe Calderón y de los últimos 100 años, sostuvieron ayer integrantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), creada por el Poder Judicial Federal.
La AMIJ, compuesta por magistrados, jueces de lo común y federal, al frente de Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se reunieron ayer en Los Pinos con el Presidente, donde le explicaron esa situación, reveló en conferencia Rodolfo Campos Montejo.
El Magistrado, quien preside la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país dentro de la AMIJ, añadió que demandaron al Ejecutivo federal su compromiso para el aporte de los recursos que se requieren para aplicar los juicios orales, juicios de narcomenudeo o justicia para menores.
El encuentro con el Mandatario giró, según el Magistrado sobre el tema presupuestario porque es necesario no quede en una reforma jurídica exclusivamente o reforma constitucional penal, sino derivado de esto se requieren serios e importantes recursos económicos para poder echar a andar la reforma, sino está condenada a ser el fracaso más importante de esta administración .
En la conferencia realizada en un hotel de Polanco, flanqueado del presidente de la AMIJ, Rolando Lassé Cañas, los magistrados Xóchitl Raquel Pérez Cruz y Jaime del Río Sauceda, abundó: Si no se le invierte junto con el Presidente, nosotros también vamos inmersos de la mano con los órganos de impartición de justicia al fracaso más importante de los últimos 100 años .
Campos Montejo agregó: De ese tamaño es el problema, porque se trata de recursos económicos que hasta el día de hoy, aprovecho para decirlo, no nos han asignado un solo peso. No se puede ser impartidor en un proceso y también en un juicio oral .
Destacó que se requiere una planilla nueva de personal capacitado, en la que se tendría que involucrar también a las universidades, procuradurías, peritos, abogados y al Poder Judicial de la Federación, Distrito Federal y de los 31 estados del país, concluyó.
rtorres@eleconomista.com.mx