Recupera SFP $15,775 millones en auditorías

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que ha reintegrado a la Tesorería de la Federación o a las tesorerías locales, desde el 2013 y hasta julio pasado, un total de 15,775 millones de pesos a través de sus áreas centrales de auditoría y de los Órganos Internos de Control (OIC) .

Mediante 12,480 actos de fiscalización a dependencias federales y 1,266 auditorías hechas en colaboración con OIC es como la dependencia federal ha recuperado los recursos.

Mediante una nota de prensa se explicó que durante el 2016 la SFP emitió, con el objetivo de homologar los procesos de auditorías tanto a nivel federal como local, 23 lineamientos de auditoría, cinco guías específicas en la materia y un acuerdo en el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de la Aplicación General en Materia de Control Interno .

Nuevas atribuciones

Con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción y con ello de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las funciones que desempeñará en adelante la dependencia y sus órganos, encabezados por Arely Gómez, han cambiado.

A partir del 19 de julio, los OIC, dependientes directos de la SFP, perdieron la capacidad para sancionar faltas graves como la malversación de recursos públicos o incluso sobornos recibidos por parte de funcionarios de la administración federal.

En adelante será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a través de sus cinco salas especializadas en materia de corrupción, las encargadas de sancionar en lo administrativo a los funcionarios que incurran en alguna falta tipificada como grave.

No obstante, los magistrados que ocuparan las salas especializadas aún no han sido ratificados por la Cámara Alta. Ante ello, se ha precisado que algunos otros magistrados del TFJA podrían suplir dichas posiciones.

Organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción han alertado que tal acción puede ser motivo de que las sanciones impuestas por las salas especializadas sean revocadas, en vista de que los magistrados suplentes que dictaminen los castigos no fueron nombrados de forma constitucional.