Recursos asignados a bancadas, entre últimos paraísos de la corrupción

Antes que consolidar los sistemas nacionales anticorrupción y de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, la Cámara de Diputados está obligada a transparentar el uso de los recursos públicos que ejercen los grupos parlamentarios representados en el Congreso mexicano, estableció Luis Maldonado Venegas (PRD).

Uno de los últimos paraísos de excepción a las reglas de transparencia se encuentra arraigado por una práctica inmemorial en el ámbito del Congreso de la Unión. Precisamente la administración y ejercicio de los fondos asignados a los grupos parlamentarios , reconoció el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara Baja.

Durante la reunión de instalación del referido grupo ordinario de trabajo, a la que asistieron Juan Manuel Portal Martínez, Virgilio Andrade y Ximena Puente, auditor superior de la Federación, secretario de la Función Pública y comisionada presidenta del INAI, entre otros invitados, Maldonado Venegas dijo que tal circunstancia es a todas luces insostenible y de ahí que será la máxima responsabilidad a subsanar por parte de la actual Legislatura.

La Constitución nos lo mandata ya, la ciudadanía nos lo exige ahora y nuestra consciencia nos urge a concretarla. En el reloj legislativo de San Lázaro llegó la hora de la rendición de cuentas y de la transparencia sin reservas , enfatizó el perredista.

En todos los grupos parlamentarios hay la voluntad política y determinación, aseguró, de abordar de manera definitiva y definitoria la construcción de nuevas reglas que permitan profundizar los mecanismos de fiscalización, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los bienes y recursos que ejerce el Poder Legislativo a través de los grupos parlamentarios.

Y es que mientras los diputados federales no rindan cuentas claras de los recursos que ejercen, y se sometan a las mismas reglas de transparencia que ya existen, completó, tendrán la razón legal pero no la razón moral para exigir esa responsabilidad a los sujetos obligados.