Regular el uso de la fuerza en los cuerpos de policía es un tema que siempre se ha evadido

Regular el uso de la fuerza policial a nivel federal ha sido tema desde el sexenio de Felipe Calderón (PAN) y diversas iniciativas han sido presentadas. Sin embargo, éstas no han alcanzado el consenso para su aprobación.

En octubre del 2008 Calderón Hinojosa propuso la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyo contenido contemplaba todo un título décimo cuarto de procedimientos policiales, con un capítulo único: Del uso de la fuerza pública .

Tras su aprobación en el Congreso, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero del 2009, pero sin el título décimo cuarto. De hecho, actualmente esta legislación sólo contiene una breve referencia al tema del uso de la fuerza pública.

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho , se lee en el artículo 41, inciso XI, párrafo segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Calderón Hinojosa argumentó en su proyecto de ley que la actuación de la policía tenía que contar con un marco normativo que le brindara seguridad jurídica y, al mismo tiempo, que la ciudadanía conociera los límites del uso de la fuerza pública en los procedimientos policiales.

Ambos aspectos hasta hoy no han sido establecidos o definidos en una ley federal, por tanto, se siguen presentando controversias sobre el grado de apego que tienen diversos procedimientos policiales con respecto a los derechos humanos de los sujetos que, debido a las circunstancias delictivas, son sometidos por los policías , expuso Calderón.

Por ejemplo, el mandatario panista proponía que en el desempeño de sus funciones, los integrantes de hacer cumplir la ley utilizaran en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.

Así, en el 2015 al menos dos legisladores federales presentaron proyectos de reformas sobre el tema.

En abril del año pasado la diputada del PRD Lizbeth Eugenia Rosas Montero entregó la iniciativa de ley sobre el uso legítimo de la fuerza por los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley del Estado mexicano.

Desechada en julio del 2015 en San Lázaro, la iniciativa buscaba establecer las directrices que aplicaran para todos los funcionarios que ejercían funciones de policía, especialmente durante un arresto o una detención.

Rosas Montero refirió en la iniciativa que no existe una ley federal que establezca la necesidad de hacer un uso adecuado de la fuerza por parte de los encargados de hacer cumplir la ley, y que lo existente hasta entonces eran marcos de carácter administrativo en distintos órganos de seguridad pública, pero sin llegar a tener el carácter de ley.

En junio del 2015 el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del PAN, propuso retomar la idea calderonista, agregar un título completo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y regular el uso legítimo de la fuerza.

También desechado por el Congreso en agosto del 2015 , el proyecto legislativo planteaba, entre otras cuestiones, que el uso de la fuerza se aplicara en circunstancias tales como: protección de derechos humanos; preservación del orden y la paz públicos; prevención de la violencia y la delincuencia; control, repelencia o neutralización de la resistencia opuesta por un sujeto, y legítima defensa.

Se han presentado otros proyectos ante el Congreso: la ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal (desechada en abril del 2014) y la ley de procedimientos policiales y uso legítimo de la fuerza necesaria (en comisiones desde octubre del 2012).

También se ha propuesto la ley federal sobre el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de Seguridad Pública (desechada en mayo del 2015); la ley que regula el uso de la fuerza del Ejército Mexicano (desechada en julio del 2012), y la ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública (pendiente en comisiones desde noviembre del 2012).