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Revocación de mandato, va; el INE le cumplirá a la democracia: Lorenzo Córdova
El Instituto Nacional Electoral aprobó gestionar 1,738 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda para alcanzar el presupuesto necesario para organizar y realizar la consulta sobre revocación de mandato presidencial por pérdida de confianza.
Foto EE: Archivo.
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó gestionar 1,738 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda para alcanzar el presupuesto necesario para organizar y realizar la consulta sobre revocación de mandato presidencial por pérdida de confianza.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fueron un “revés” para el instituto, ya que ahora tiene plena seguridad jurídica sobre el camino a seguir en la revocación de mandato.
Sostuvo que los recortes y reajustes presupuestales no son lo ideal, ya que se coloca a la consulta de revocación de mandato en una “zona de cuidado, que si bien es manejable de ninguna manera es deseable”.
Sin embargo, indicó que las resoluciones del Tribunal y de la Corte blindan jurídicamente al INE porque ahora “nadie en su sano juicio podrá decir que el INE no cumple con su tarea de organizar la revocación de mandato. (…) El INE le va a cumplir a la democracia”.
Lorenzo Córdova dijo que con el avance de validación de firmas de apoyo a la consulta de revocación, “todo parece ser que es inminente la convocatoria de este Consejo General a la revocación de mandato, y hoy con esta decisión que vamos a tomar, para decirlo en breve, la revocación de mandato, va”. Confió en que las autoridades de la Secretaría de Hacienda colaboren con el INE en este proceso.
El Consejo General del INE aprobó un acuerdo por el que se instruyó a su Secretaría Ejecutiva para que gestione ante la Secretaría de Hacienda recursos adicionales para la consulta de revocación de mandato por un monto de 1,738.94 millones de pesos, y para que dicha dependencia responda a la brevedad de manera fundada y motivada, a más tardar el 31 de enero de 2022.
Cabe destacar que inicialmente el INE argumentó que sólo contaba con 1,503 millones de los 3,830 millones de pesos que requiere para la organización y celebración de la consulta de revocación de mandato por pérdida de confianza al titular del Ejecutivo federal. Por ese motivo, por mayoría de seis consejeros, el INE pospuso actividades de dicha consulta, hasta que el 29 de diciembre pasado, los magistrados del TEPJF ordenaron al instituto realizar los reajustes presupuestales necesarios, continuar con las actividades de la consulta de revocación de mandato y solicitar a Hacienda los recursos faltantes.
Por ese motivo, el INE hizo un ajuste por 524 millones de pesos al costo de la revocación de mandato, aunque ello implique que no será con las mismas características y condiciones de idoneidad como si se tratara un proceso electoral como lo mandata la ley en la materia. Sin embargo, el órgano electoral nacional aclaró que esto no pone en riesgo la realización de la consulta.
“En suma, derivado del esfuerzo institucional del INE, se tiene que, del presupuesto asignado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 2022, el INE designó 1,503 millones de pesos aprobados mediante ajustes presupuestales para el proceso de revocación de mandato; adiciona 64.46 millones de disponibilidades presupuestales subsecuentes y el ajuste en las actividades de la revocación de mandato por 524 millones de pesos; este Instituto, ha logrado por sí solo alcanzar aproximadamente 2,091.46 millones de pesos, tanto de suficiencia presupuestaria como de eliminación de costos, de los 3,830.40 millones que fueron solicitados en el anteproyecto de presupuesto”, detalló.
El acuerdo también instruyó a las distintas áreas del INE para seguir analizando eventuales ajustes presupuestales.
El representante de Morena ante el INE, Mario Rafael Llergo Latournerie, expresó que a su juicio, dichos ajustes únicamente se realizaron sobre las unidades administrativas vinculadas al proceso de revocación de mandato, “de manera muy cómoda y conveniente”, pero no cumple con el mandato del Tribunal. “No se tocó el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación, y el fondo de infraestructura inmobiliaria”, sostuvo.