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Río Sonora sigue contaminado, a 3 años del derrame: pobladores
Los Comités de Cuenca Río Sonora y la ONG PODER siguen buscando soluciones al problema, pero reconocen que hay pocos avances en el caso y muchos retrocesos a tres años del incidente.
Foto EE: Archivo
Casi 400 enfermos por la contaminación de las aguas, dos pozos de agua colindantes al río Sonora contaminados, un amparo a favor de los afectados y varias demandas contra instituciones de salud pública forman parte del balance a tres años del accidente de la minera Buenavista del Cobre que contaminó los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora, considerado como el mayor desastre de la industria minera de México.
El domingo 6 de agosto se cumplirán tres años de la tragedia, cuando un depósito de lixiviados de sulfato de cobre acidulado colapsó y vertió su contenido al arroyo Tinajas y posteriormente al Bacanuchi y el Sonora. Fueron 40,000 metros cúbicos de metales pesados que contaminaron las fuentes hídricas de la zona, en el norte de México, y afectaron directamente a 22,000 personas e indirectamente a otras 250,000 en siete municipios situados a orillas del Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo.
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Grupo México, propietaria de la concesión de la mina Buenavista del Cobre, se comprometió con el gobierno federal a crear un fideicomiso de 2,000 millones de pesos para recuperar el medio ambiente, pero a decir de los afectados las acciones de remediación han sido insuficientes y los avances del caso han sido pocos. No queremos el dinero; lo cambiamos por salud y agua limpia dijo Ramón Miranda Córdova, afectado por el derrame de Buenavista del Cobre.
Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) siguen buscando soluciones al problema, pero reconocen que hay pocos avances en el caso y muchos retrocesos , afirmaron en conferencia de prensa. Recientemente, los CCRS que agrupan a los representantes ciudadanos afectados, ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región.
En el fallo del juicio dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora se determinó que después de casi tres años del incidente, al menos dos pozos que obtienen agua del Río Sonora, los de Sinoquipe y La Labor, presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud.
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Este martes 1 de agosto, en conferencia de prensa, Eugenia López, Directora de Vinculación Estratégica (PODER), Luis Miguel Cano, Abogado de PODER y representante legal de los CCRS, Mario Alberto Salcido Romo, Integrante del CCRS y afectado por el derrame de Buenavista del Cobre y Ramón Miranda Córdova, también afectado e integrante del CCRS, dijeron que la sentencia del juicio de amparo refuta la retórica del discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México.
El problema, acusan, es que se tomaron acciones posteriores a la determinación de que el daño ecológico estaba zanjado. Tras anunciar que se había logrado reducir la contaminación en el río, las autoridades instalaron bebederos en las escuelas públicas, la cual proviene del río Sonora y que no cuenta con algún tratamiento de purificación previo, dijeron los miembros del CCRS.
Otros retrocesos se presentan en materia de salud. El responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), encargada de atender los casos por contaminación en la región, dijo en julio del 2017, que 381 habitantes del río Sonora presentaban desechos tóxicos en sangre y orina. Aunque estos pacientes requieren atención médica, Grupo México ha retrasado la creación del centro de atención médica que comprometió, según acusaron en la conferencia de prensa.
Debido a ello, PODER y el CCRS han interpuesto una demanda de amparo contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud (que opera el Programa de Seguro Popular) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes de río Sonora, y no haber atendido su salud, en primer lugar.
En la conferencia de prensa, los miembros de Poder y los integrantes del CCRS dijeron que a tres años del incidente la mayor parte de los pozos que debían ser reubicados siguen en su lugar, muchos siguen funcionando a pesar de estar a escasos metros del río y no se han instalado todas las plantas tratadoras de agua.
ruy.rebolledo@eleconomista.mx