SCJN atrae caso de información sobre caso de San Fernando

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ) resolverá de fondo si se abre o no información en relación con la averiguación previa del caso de los 72 migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, en el año 2010.

Por mayoría de votos y a solicitud de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, la Primera Sala del Máximo Tribunal atrajo un amparo que tiene su origen en la solicitud de acceso a la información presentada por una particular a la Procuraduría General de la República.

Ana Cristina Ruelas, activista de la organización internacional Artículo 19 solicitó información por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai). Al respecto, la PGR señaló que no podían tener acceso a datos de dicha averiguación, ya que por disposición legal la misma tiene el carácter de reservada.

En contra de ello y después de promover diversos recursos, la solicitante promovió amparo, mismo que le concedió el juez de Distrito. Ante ello, sendas partes interpusieron recursos de revisión, los cuales se suspendieron debido a la presente solicitud que formuló la quejosa al Máximo Tribunal del país.

Según el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, la atracción del caso permitirá analizar el alcance y los límites de las facultades de decisión de las instancias encargadas de garantizar la transparencia en la actuación de entidades y dependencias gubernamentales y la manera en que se articulan con las facultades de los jueces constitucionales.

Se estima que la Primera Sala estará en posibilidad de resolver, a la pregunta ¿Cómo debe interpretarse la excepción a la regla general de reserva de la información integrada en averiguaciones previas prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental?

Responderá al cuestionamiento sobre cuándo existen violaciones graves a derechos humanos y qué órganos están facultados para determinar cuándo se está frente a un caso de tal naturaleza.

También resolvería el tipo de sujetos que pueden solicitar las versiones públicas de las averiguaciones previas; si para ello tendrían que acreditar algún interés particular, así como qué órganos tienen facultades para determinar la excepción a una clasificación dada.

ana.langner@eleconomista.mx

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