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SCJN, obligada a dejar pelea por defensa de jueces
El presidente de la SCJN advirtió ayer que si los juzgadores quieren independencia y autonomía, deben honrar en la vida pública y privada los valores del Estado democrático.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, aseguró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) busca impartidores de justicia intachables con funcionarios de Estado que no comprometan su criterio o que desahoguen los juicios en cauces ajenos a lo legalmente establecido.
A diferencia del sexenio pasado, cuando el ministro presidente de la SCJN mantuvo roces con el entonces jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por las acusaciones de éste último en el sentido de colusión de los jueces con el crimen organizado, ayer Juan Silva se refirió, sin mencionarlo, al tema de los jueces y magistrados involucrados con El Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona.
Durante la presentación del informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia , elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) expresó que la autonomía e independencia de los operadores de justicia constituye una piedra angular del Estado democrático.
Sin embargo, si los juzgadores queremos independencia y autonomía, debemos, antes de manifestar cualquier tipo de exigencia, honrar en nuestra vida pública y en la privada los valores del Estado democrático .
Las palabras del presidente del Máximo Tribunal de justicia se escucharon el mismo día en que dos magistrados y un juez federal fueran suspendidos por el Consejo de la Judicatura por presuntamente beneficiar al Zar de los Casinos.
Sin precisar sobre el caso, Silva Meza expresó: ya hemos fijado una posición en los hechos .
Asimismo, expresó la necesidad de exigir a los juzgadores absoluta rendición de cuentas y un desempeño invariablemente profesional, honesto, transparente, excelente, oportuno, eficaz .
Queremos que la sociedad tenga certeza de que nuestro Poder Judicial es una institución sólida, que funciona a partir de normas, procedimientos y reglas claras y suficientes para identificar y sancionar, motivadamente, las conductas de aquellos elementos que no se conduzcan con estricta honorabilidad , afirmó. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los juzgadores ocupan un lugar de vital importancia para garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de su derecho de acceso a la justicia.
Una mejor calidad de vida radica tanto en el acceso a la justicia imparcial, como en la existencia de un sistema transparente, expedito y que se funde en un principio de igualdad ante la ley.
DIVISIÓN DE PODERES
Por su parte, el comisionado integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez, destacó que la independencia del Poder Judicial y su separación respecto de otros poderes debe ser garantizada y respetada, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo.
Asimismo, recomienda independencia entre las funciones de los jueces y fiscales, ya que permite a los justiciables tener claridad en cuanto a que los actos del fiscal que afecten a los derechos humanos estarán bajo el control de los juzgadores, quienes actuarán de manera independiente e imparcial y nunca en colusión.
Así, en su visita a México, la Comisión insistió en la importancia de desarrollar la independencia, autonomía e imparcialidad que debe gozar el Ministerio Público respecto del Ejecutivo , refiere el documento.
Por otro lado, Jesús Orozco Henríquez exhibió que la Comisión ha observado con preocupación, de acuerdo con la experiencia de algunos países especialmente de aquellos que han atravesado conflictos armados que la relación de subordinación de la Fiscalía al mando del Ejecutivo, en algunas ocasiones se ha utilizado para evitar la investigación respecto de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por instituciones por las fuerzas armadas.
En relación con el caso mexicano, el documento exhibió la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a la creciente violencia del crimen organizado en los estados, pues en muchas ocasiones, las magistradas y magistrados, operadores judiciales y profesionales del Derecho no podrían actuar con plena libertad, al verse sujetos a amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones.