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Se carece de mecanismos para ubicar a extorsionadores
Al Renaut le hace falta una definición: la georreferenciación para ubicar a las personas que cometan dichos delitos a través del teléfono móvil.
Al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se le sumó una cuarta carencia, pues además de la ausencia de castigos para quien cometa el delito de extorsión y secuestro vía telefonía celular, de una normatividad para proteger los datos personales y de un reglamento que dé certeza sobre su operación, al Renaut le hace falta una definición: la georreferenciación para ubicar a las personas que cometan dichos delitos a través del teléfono móvil.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Ángel Aguirre Rivero (PRI), criticó la puesta en marcha del Renaut, pues aún tiene serias deficiencias, como la falta de la huella dactilar o domicilio de las personas, y no sólo su CURP. Además de un vacío por parte del gobierno, dijo, acerca de cómo utilizará y protegerá los datos de los ciudadanos contenidos en el Registro.
Gobierno, el primero que incumple la ley
Aguirre Rivero destacó que al Renaut aún le hace falta la definición de un mecanismo de georreferenciación para que la autoridad pueda localizar en tiempo real a la persona que porta el teléfono celular de donde se denunció la comisión de algún delito, como extorsión o secuestro.
El gobierno es el primero que está incumpliendo con las disposiciones de la ley, porque el plazo ya feneció; sin embargo, se pueden registrar (números celulares). Eso es delicado, porque el gobierno debe pregonar con el ejemplo y no lo está haciendo así.
Tanto Aguirre Rivero como el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Zapata Perogordo (PAN), quien también participó en el proceso para la negativa a la prórroga de un año para el registro celular, coincidieron en que es necesario que se protejan los datos de las personas.
En ese sentido, saludaron la iniciativa que ayer presentó la senadora Claudia Corichi (PRD), para castigar con cárcel a funcionarios y empleados de empresas de telefonía que manipulen los datos de los ciudadanos contenidos en el Renaut.
jmonroy@eleconomista.com.mx