Sheinbaum respalda a García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue ratificado en el cargo este lunes luego de que un informe oficial mencionara su presunta participación en un encuentro para desviar las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014.

"Es un hombre íntegro (...), ha desempeñado un papel sumamente importante", dijo la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum al señalar a la prensa que García Harfuch seguirá siendo secretario de Seguridad.

Un informe de la Decretaría federal de Gobernación (Segob), difundido el pasado jueves, señala a autoridades de haber entorpecido la pesquisa sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El pasado viernes fue capturado el exfiscal general Jesús Murillo Karam, responsable de las indagaciones, acusado de "desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia".

En la acusación contra el exfuncionario, la fiscalía señala a García Harfuch de haber participado, junto con una treintena de autoridades, en una reunión el 7 de octubre en Guerrero, en la que se habría acordado una línea de investigación que excluía la supuesta responsabilidad de militares.

El viernes también se ordenó el arresto de 20 militares y 44 policías.

"Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para "fraguar la verdad histórica", aseguró en Twitter García Harfuch, uno de los funcionarios más cercanos a Sheinbaum y quien en 2014 era comisionado de la Policía Federal.

"Van a salir muchos nombres y eso no responsabiliza a nadie", matizó al respecto este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 26 de junio de 2020, García Harfuch sobrevivió herido a un atentado del Cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad de México, en el que murieron tres personas.

Según la versión planteada por el exfiscal, cuyo cargo dependía de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los estudiantes, que organizaban una protesta, fueron capturados por policías de la ciudad de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró al confundirlos con enemigos.

Este caso, que generó amplia condena internacional, constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100,000 desaparecidos.