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Sí juicios político vs. Rosario Robles; pendientes casos de otros peñistas
Presentadas del 2003 a la fecha, entre las solicitudes destacan las denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de su gobierno.
Ayer sesionó la Subcomisión de Examen Previo. Foto: Especial
Instalada en enero, hasta después de cuatro meses de que inició la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, la Subcomisión de Examen Previo tiene pendiente resolver la procedencia, o no, de 129 solicitudes de juicio político contra distintos funcionarios y exfuncionarios, debido a que existen expedientes acumulados desde hace 16 años.
Presentadas del 2003 a la fecha, entre las solicitudes destacan las denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de su gobierno.
En distintos momentos se presentaron demandas de juicio político contra Luis Videgaray y Jesús Murillo Karam, en sus calidades de secretario de Relaciones Exteriores y procurador general de la República, respectivamente.
Los integrantes del referido órgano jurisdiccional acordaron resolver en breve los expedientes contra Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por probable manipulación de las investigaciones sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre del 2014, y los 21 legisladores locales de Baja California que votaron por la ampliación, de dos a cinco años, del mandato del gobernador Jaime Bonilla.
Otros casos pendientes son los de Javier Duarte y Ángel Aguirre, acusados durante el desempeño de sus cargos como gobernadores de Veracruz y Guerrero, respectivamente.
Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta en turno de la Subcomisión de Examen Previo, informó el miércoles de la aprobación, por 12 votos y uno del PRI en contra, de dos solicitudes de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acusada del presunto desvío de 7,000 millones de pesos en el caso conocido como Estafa Maestra.
De cuatro peticiones analizadas, se determinó la procedencia de dos, la que promovieron de manera conjunta, en el 2013, los coordinadores de las diputaciones federales del PAN y PRD, y otra reciente, de la diputada federal morenista Tatiana Clouthier, precisó.
La Constitución establece que todo servidor público que incurra en responsabilidad frente al Estado por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales podrá ser sancionado mediante juicio político.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
El Artículo 114 constitucional precisa que el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después.