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Sigue “violación a la presunción de inocencia”
En el documento, Amnistía Internacional exploró la situación de los derechos humanos en el mundo durante el 2017.
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que entró en vigor en junio del 2016, reproduce aún los problemas del antiguo sistema inquisitivo, entre ellos la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos y otras pruebas ilícitas, reportó Amnistía Internacional en su informe anual. Ello, en un clima donde la violencia se incrementó en el país.
En el documento, Amnistía Internacional exploró la situación de los derechos humanos en el mundo durante el 2017. Sobre México, reportó que durante el año pasado la violencia aumentó y las fuerzas armadas seguían llevando a cabo labores habituales de la policía.
A través del texto, a presentarse este jueves, la organización no gubernamental (ONG) detalló que el año pasado continuaron en el país las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
El organismo destacó, asimismo, que las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas y otros malos tratos.
“Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, concluyó Amnistía Internacional.
Sobre el sistema de justicia adversarial, Amnistía se pronunció, además, sobre los proyectos de ley presentados ante el Congreso de la Unión, los cuales plantean ampliar el catálogo de delitos; indicó que, de aprobarse, “debilitarían las garantías de juicio justo y ampliarían el ámbito de aplicación de la prisión preventiva obligatoria, sin una evaluación judicial caso por caso”.
A su vez señaló a un incremento “significativo” durante el año pasado del número de homicidios, con una cifra total de 42,583 casos. “Se trataba de la cifra anual de homicidios más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial actual, en diciembre del 2012”, se aprecia en el trabajo.
Amnistía Internacional advirtió que esta cifra podría ser más alta, pues algunos crímenes no se denunciaban o no todos los que sí lo hacían derivaban en medidas oficiales.
La organización opinó sobre la Ley de Seguridad Interior, aprobada en diciembre del año pasado por el Congreso de la Unión. Señaló que este marco legal permite la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garantizaran la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil.