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Sólo dos de cada 10 funcionarios han sido inhabilitados
En lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto, 140 servidores públicos en Los Pinos han recibido sanciones por distintas irregularidades.
En dos años y cinco meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se han sancionado a 140 funcionarios de la Presidencia de la República, aunque sólo 20.7% ha sido inhabilitado o suspendido del cargo que desempeñaba.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Función Pública, colocadas en su Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, ha venido en aumento el número de sanciones a funcionarios de Los Pinos.
Y es que durante el 2013 fueron sancionados 51 servidores públicos de la Presidencia, mientras que en el 2014 se elevó a 72 casos. En lo que va de este 2015, son 17 expedientes.
Así, de diciembre del 2012 a abril del 2015 (periodo de gobierno de Peña Nieto), la secretaría que ahora encabeza Virgilio Andrade ha emitido sanciones para 140 funcionarios de la Presidencia de la República, de los cuales la mayoría, o sea 92 (65.7% del total), recibió una amonestación privada.
Además, de esos 140 sancionados, en total 19 recibieron una amonestación pública (13.6%); 15 fueron inhabilitados (10.7%) y 14 fueron sujetos a una suspensión del cargo (10 por ciento).
La Constitución establece que se podrán aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
En tanto, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos estipula que las sanciones consistirán en amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; destitución del puesto; sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La información de Función Pública en la cual no se especifican los nombres de los sancionados de la Presidencia de la República, así como el motivo por el cual se les aplicó la ley indica que no se impuso ninguna sanción económica al personal de Los Pinos hasta el momento.
La destitución, conforme a la ley vigente, aplica en diversos casos, por ejemplo, excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios; es decir, cuando haya un conflicto de interés.
Asimismo, procede la inhabilitación cuando se acepta dinero, bienes muebles o inmuebles mediante la venta a un precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado ordinario, así como recibir donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público.