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Van 15,904 expedientes por tortura
Impunidad impera en la mayoría de los casos, lamenta defensora.
Del 2019 a septiembre del 2022, se acumulan un total de 241 casos de tortura
En los últimos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que su gobierno ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, pues, entre otras cosas, el Estado ya no tortura, no obstante a estas afirmaciones, cifras oficiales dan cuenta que tan sólo en los primeros tres meses de este año, se han reportado 600 casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a lo largo del país.
Asimismo, el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), a cargo de la Fiscalía General de la República, da cuenta que del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de este año, se han abierto 15,904 expedientes por estos delitos; de los cuales, cerca de 12,859 (80.9%) se cometieron durante la administración de López Obrador. Un promedio de 3,029 expedientes anuales.
Los datos indican que 2019 se coloca como el año en que se abrieron más expedientes, con 3,800 casos; seguido de 2018 con 3,045. Mientras que en 2020 se registraron 2,894 casos; en 2021 fueron 2,829, y en 2022 se cerró el año con 2,736 expedientes por tortura o tratos crueles cometidos por autoridades federales o estatales.
En tanto, de los 15,904 expedientes abiertos, el 14.1% (2,248) ocurrieron principalmente en Ciudad de México, Chihuahua 8.8% (1,400) y el Estado de México 7.7% (1,217).
Mientras que del total de los casos, 13,029 expedientes son por tortura, y 2,875 por tratos crueles. Los delitos de tortura ocurrieron principalmente en Ciudad de México 16.4% (2,141), Chihuahua 10.7% (1,392) y México 8.1% (1,055) y los tratos crueles se concentraron en Veracruz 18.4% (530), Nayarit 16.2% (466) y Morelos 10.4% (299).
Estas cifras, que la propia FGR explica que son preliminares debido a que el RENADET se mantiene en proceso de construcción, sólo incluyen información de 26 de las 32 fiscalías y procuradurías generales de justicia del país.
De igual manera, se advierte la falta de información recabada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como con las instancias de protección a los derechos humanos y de atención a víctimas en el país, por lo que el panorama sobre el número real de casos de tortura y otros malos tratos a nivel nacional, es incierto.
Quejas ante CNDH
No obstante a este vacio de información, datos de la CNDH muestran que durante el primer trimestre de 2023 han recibido 15 quejas por tortura, así como 48 por trato cruel , inhumano o degradante cometido por alguna autoridad federal o local, incluida la propia Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
En total, del año 2019 a marzo de 2023, la CNDH contabiliza unos 1,133 expedientes de quejas por estos delitos.
Por otro lado y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2021, de las 67,584 personas privadas de la libertad, 65.5% mencionó haber sufrido algún acto de violencia por parte de la policía o autoridad después de ser detenido.
Los hechos siguen
“En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay más masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie”, dijo la mañanera del 22 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador tras criticar el informe que elaboró el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en el mundo.
Sobre ello, Melissa Zamora, coordinadora del área de defensa de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la tortura cometida en contextos de detención y de investigaciones criminales sigue presentándose por distintas autoridades.
Además, recalcó que las cifras de la CNDH dan cuenta que también sigue habiendo casos de tortura cometida por autoridades federales, como lo son la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional.
La defensora también lamentó que al hablar de investigación, la impunidad impera en los casos, con avances en las pesquisas que tardan años, lo que vuelve complicado llegar a la justicia.