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Van nueve niños rescatados de vendedores en Sonora
El procurador de Sonora, Carlos Navarro, aseguró que siguen siendo nueve los menores que han sido rescatados por el DIF estatal, luego de que se descubriera una red de tráfico de menores que los vendía por 80 y hasta 100,000 pesos tras quitárselos a mujeres en estado de indefensión.
El procurador de Sonora, Carlos Navarro, aseguró que siguen siendo nueve los menores que han sido rescatados por el DIF estatal, luego de que se descubriera una red de tráfico de menores que los vendía por 80 y hasta 100,000 pesos tras quitárselos a mujeres en estado de indefensión.
En respuesta a la difusión este lunes de una carta fechada el 25 de marzo del 2015 en la que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos alertó al gobierno de Sonora sobre la red de tráfico de menores en ese estado, el procurador argumentó que la dependencia a su cargo inició la investigación desde el 18 de marzo del 2015.
El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, promueve que la PGR atraiga el caso de la venta de niños en Sonora.
Un funcionario del DIF Sonora, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal (ex subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor), y su cómplice, José Manuel Hernández López (ex abogado de la Unión Regional de Ganaderos de Sonora), están acusados de haberles quitado bebés recién nacidos a madres en condiciones de vulnerabilidad y haberlos vendido. Fueron detenidos con orden de aprehensión en su contra, pero tramitaron un amparo y fueron puestos en libertad.
A la fecha, sólo hay ocho detenidos de las 16 órdenes de aprehensión que obtuvo la procuraduría estatal, y se trata en su mayoría de parejas o madres solteras que aceptaron la oferta de los funcionarios del DIF de pagar hasta 150,000 pesos por un bebé para agilizar los trámites de adaptación de un menor.
Los nueve niños rescatados, actualmente de entre 1 y 4 años, se encuentran bajo resguardo del DIF estatal. El procurador Carlos Navarro dijo que a ese problema se añade que los menores ya tienen un lazo afectivo con las personas que aceptaron pagar supuestamente para agilizar su adaptación, mientras los padres biológicos de los menores reclaman su custodia. Explicó que continúan las pruebas genéticas para determinar el parentesco de los menores con quienes han solicitado la custodia.