Vayamos por corruptos fuera de México: Gustavo de Hoyos

En el caso Odebrecht hoy está a prueba la decisión política del Poder Ejecutivo Federal para demostrar su compromiso con el combate a la corrupción, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

En entrevista, dijo que también está a prueba la capacidad técnica de la Procuraduría General de la República para encausar de manera eficaz a quienes se señalan como responsables de estos hechos.

Asimismo, expuso que la renegociación del TLCAN debe incluir la capacidad de persecución de corruptos sin importar fronteras territoriales.

¿Cómo están pensando que pudiera relacionarse el tema de la corrupción con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que están en marcha?

Nosotros pensábamos que la competitividad de una región económica como es NAFTA pasa, desde luego, por cuestiones de carácter arancelario pero también en una etapa madura tiene que ver con que haya condiciones homogéneas del Estado de Derecho, tan es así que desde un principio hay, por ejemplo, disposiciones en materia de solución de controversias pero hubo aspectos del Estado de Derecho que también deben de irse comentando, que es el abatimiento de las prácticas de corrupción.

En este tema, vemos con buenos ojos la propuesta que han delineado los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, para que se incorporen en el Tratado algunas disposiciones en materia anticorrupción. En este sentido las discusiones que pretendemos que puedan darse tienen que ver con dos grandes rubros: uno de ellos, para regular la relación de empresa-empresa y por otro lado, para regular las relaciones de empresas con gobiernos.

En esos dos apartados, en la Coparmex hemos tenido, de tiempo atrás, una participación en lo que, podemos llamar, es el mecanismo más importante en definición de políticas públicas a nivel mundial en materia anticorrupción, que es el Comité Anticorrupción del BIAC, es el brazo empresarial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en este comité se han ido desarrollando estas recomendaciones cobre las prácticas de integridad que deberían irse incorporando a investigaciones nacionales.

Si logramos que las que están previstas en el documento del BIAC se incorporen en el TLC y éste tenga mayor fortaleza, porque son prácticas que serían exigibles no nada más en el ámbito doméstico sino también en el ámbito de los países, eso podría generar condiciones para que tanto las empresas extranjeras que hacen negocios en México como los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y Canadá se puedan apegar a esta mejor práctica.

En caso de que prosperara esta propuesta y se aprobara, ¿en qué podría cambiar a la hora de investigar un hecho de corrupción, por ejemplo, el parecido a Odebrecht?

No entraría en detalles muy técnicos que no puedo profundizar por las condiciones que tenemos de secrecía, pero sí puedo tratar de describirlos de manera que sea suficientemente clara. De lo que se trata es de que las acciones que se cometan en corrupción en cualquier país de la región y por cualquiera de las empresas que operan en la misma sean rastreables y sancionables como parte de una relación multirregional.

Esto implicaría que hubiera mecanismos de rastreo, de prevención, de seguimiento y también de sanción mucho más ágiles de los que ahora podemos encontrar, tiene que ser completamente aislado lo que tiene que ver con un país que lo que tiene que ver con otro país.

De lo que se trata es de que estas acciones no sean fácilmente eludibles por parte de las empresas que incurran en materia de corrupción, porque su rastreo iría más allá de las fronteras de ese país, iría a toda la región.

Muchas veces se piensa que al hacer negocios a lo que menos se apela es a los escrúpulos y más al objetivo de generar ganancias, pero, realmente, ¿qué tan importante es para los hombres de negocios que el país en donde se pretenda invertir no sea corrupto?

Cada vez es más importante. En el mundo entero las prácticas de integridad están invariablemente en las más altas prioridades de los ejecutivos en jefe de las compañías multinacionales. No es un tema menor, son temas que le aportan directamente a la alta dirección porque en muchas legislaciones nacionales las conductas de corrupción que llevan a cabo las sucursales las empresas subsidiarias de una empresa nacional son punibles, tienen consecuencias en su territorio, no importa dónde se hayan celebrado.

Dicho de otra manera, hay una preocupación creciente por las sanciones que pueda tener un empleado invitado, forzado o provocado por alguna autoridad de un país.

Hay casos en donde los riesgos de ser cooptados hacen que algunas empresas hayan desistido o revalorado invertir en México por el riesgo que implica reputacionalmente reunirse con autoridades las que están etiquetadas como corruptas.

Es un tema que sí puede ser la diferencia entre una inversión extranjera media a una de alto desempeño.

¿Qué tan importante es que en el caso de Odebrecht, donde ya se tiene confesas las irregularidades relacionadas con corrupción en varios países, realmente se encuentre y castigue a los culpables?

Es fundamental en cualquier país que los casos de corrupción y particularmente los que tienen esa trascendencia por su magnitud y por la implicación de autoridades gubernamentales tengan un castigo ejemplar.

En el caso particular de la constructura brasileña Odebrecht, me parece que está a prueba uno: la decisión política del Poder Ejecutivo para poder demostrar su compromiso con el combate a la corrupción. Dos: está a prueba la capacidad técnica de la Procuraduría General de la República para encauzar de manera eficaz a quienes se señalan como responsables de estos hechos.

La no actuación exhaustiva y oportuna por parte de las autoridades del Estado mexicano en un caso que en todo el mundo ha tenido consecuencias, sería un elemento que generaría una gravísima percepción de impunidad y de ausencia de un compromiso real o de una eficacia verdadera, o las dos cosas, por parte del gobierno federal con el combate a la corrupción.

No puede concluir esta administración pública federal sin que se dé una muestra inequívoca de perseguir y sancionar los casos de corrupción emanados de la propia administración federal.

Hasta ahora los mexicanos únicamente hemos visto que se procesen casos de corrupción de gobernadores, pero no hemos visto un solo caso relevante en el que el Poder Ejecutivo Federal procese un caso de corrupción que se presente en un alto nivel de la administración.

Me parece que está en juego la credibilidad del combate a la corrupción en México con este caso.

¿Considera necesario contar ya con la Fiscalía General de la República y que ésta sea autónoma?

Es fundamental que en el próximo periodo ordinario de sesiones se inicie el trámite de una reforma constitucional a fondo para crear una verdadera Fiscalía General de la República, dotada de plena autonomía y de las capacidades institucionales para poder garantizar la persecución de los delitos, incluidos, aunque no limitados a, los delitos en materia de corrupción.

Nosotros pensamos que la propuesta que se está construyendo por los colectivos más visibles en este tema, como son #Vamospormás y #Fiscalíaquesirva, representan una gran oportunidad para que el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo muestren su compromiso con una fiscalía general de la República verdaderamente autónoma.

Nos parece que esta propuesta que se estará presentando este martes debería ser analizada y discutida para que pueda ser una reforma constitucional antes de que concluya el año.

¿También es importante que se dé el nombramiento del Fiscal Anticorrupción para que esté completo el Sistema Nacional Anticorrupción?

En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción es fundamental que se lleve a cabo el nombramiento del fiscal especializado porque en los términos que se aprobó la ley en la materia el año pasado, en tanto no haya un nombramiento de fiscal especializado, no entran en vigor los nuevos tipos penales para perseguir casos de corrupción.

De tal manera que estamos ante la impunidad perfecta, no obstante que ya se aprobaron estos cambios el año pasado, porque hay un transitorio que dice que mientras no se haga esta designación son inaplicables estos casos, de tal manera que el peor latrocinio que se cometa hoy va a quedar impune dado que legalmente no ha entrado en vigor este texto.

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