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Veracruz criminaliza a activistas, acusan
De acuerdo con activistas que acompañaron a los estudiantes, desde el 2011, las golpizas, detenciones arbitrarias y siembra de evidencia son comunes en la actuación de las autoridades contra las personas que se manifiestan.
La agresión a ocho estudiantes universitarios el 5 de junio en Xalapa, Veracruz, es una consecuencia de la criminalización de los jóvenes y los activistas en ese estado, sostuvieron sobrevivientes del episodio, académicos, activistas y defensores de derechos humanos.
Julián Ramírez, de la Asociación Defensora de los Derechos Humanos Decide, detalló que la agresión se llevó a cabo con bates, palos, machetes y armas largas por un grupo de personas vestidas de civil, encapuchadas y con chalecos.
El incidente, prosiguió, se dio en un contexto de agresiones en el estado contra periodistas, líderes sociales y población estudiantil que se recrudeció desde el 2011. El activista sostuvo que las golpizas, detenciones arbitrarias y siembra de evidencia son comunes en la actuación de las autoridades contra las personas que se manifiestan.
En Xalapa hay un estado de sitio en la práctica , agregó Giovanna Mazzoti, activista de Decide. Pareciera que fue un ataque quirúrgicamente planeado para herir y asustar , dijo.
En conferencia de prensa los estudiantes agredidos, Josué Bello León, Ignacio Córdoba y Julián Ramírez, coincidieron en que en Xalapa hay un fuerte proceso de organización de los universitarios que, por ejemplo, logró detener el incremento a las tarifas del transporte público.
Ignacio Córdoba puntualizó que la mayoría de ellos realizan activismo ambiental y social a través de las artes. Asimismo condenó la actuación de los elementos de la policía municipal que acudieron al llamado de auxilio pues, dijo, se limitaron a tomar fotografías y, después de hablar con personas vestidas de civil que llegaron al lugar de la agresión en un auto sin placas, se retiraron, dejando a los estudiantes gravemente heridos.
Alberto Solís, director de Serapaz, afirmó que Veracruz es uno de los estados con los índices más altos de persecución de activistas y se sumó al respaldo de los jóvenes agredidos.