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Política

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14 de los 25 países con más feminicidios se ubican en América Latina

Ni la tipificación del feminicidio como delito, ni la visibilización estadística del mismo han sido suficientes para detener esta expresión de violencia contra las mujeres, aseguró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal. México ocupa el lugar 23 en prevalencia de violencia feminicida.

En América Latina y el Caribe se ubican 14 de los 25 países del mundo en donde más se cometen feminicidios (se monitorean cifras de 221 países), además, sólo en 2 de cada 100 casos los agresores son enjuiciados, de acuerdo con un informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). La evidencia estadística muestra que la violencia feminicida continúa creciendo pese a los esfuerzos públicos de programas con perspectiva de género. México se encuentra en la posición 23, calificado con una tasa alta de feminicidios.

Los dos primeros países con la tasa más alta de feminicidios son latinoamericanos, El Salvador y Honduras tienen tasas calificadas como bastante altas (de 14 y 11 asesinadas por cada 100,000 mujeres).

México ocupa el lugar 23 en la lista con una tasa de 3 feminicidios registrados por cada 100,000. Sin embargo, la tasa de feminicidios en México incrementó 1.4 puntos porcentuales del 2012 (el año de referencia del estudio) al 2016. De acuerdo con cifras del Inegi la tasa se elevó a 4.4 asesinatos por cada 100,000 mujeres. Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Baja California y Tamaulipas presentan tasas calificadas como bastante altas (de 6.9 a 16.3 por cada 100,000).

El feminicidio es el último y mayor grado de violencia en contra de las mujeres; delito que viola el más importante de sus derechos humanos, el derecho a la vida, de acuerdo con lo expreso en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Digna.

De acuerdo con el estudio Carga de Violencia Armada 2015 citado por ONU Mujeres y la Cepal recientemente, la lista de los 25 países con mayor prevalencia de violencia feminicida en el periodo 2007-2012 es la siguiente:

Tasas bastante altas de violencia feminicida (>6 por cada 100,000)

1. El Salvador: 14 por cada 100,000

2. Honduras: 11 por cada 100,000

3. Sudáfrica: 10 por cada 100,000

4. Guatemala: 9 por cada 100,000

5. Bahamas: 7 por cada 100,000

6. Rusia: 7 por cada 100,000

7. Guyana: 6.5 por cada 100,000

Tasas altas de violencia feminicida (3-6 por cada 100,000)

8. Belice: 5 por cada 100,000

9. Venezuela: 5 por cada 100,000

10. Colombia: 5 por cada 100,000

11. Antillas Menores: 5 por cada 100,000

12. Kazajstán: 4 por cada 100,000

13. Brasil: 4 por cada 100,000

14. Moldavia: 4 por cada 100,000

15. Bielorrusia: 4 por cada 100,000

16. República Dominicana: 4 por cada 100,000

17. Letonia: 4 por cada 100,000

18. Ucrania: 4 por cada 100,000

19. Panamá: 4 por cada 100,000

20. Lituania: 3 por cada 100,000

21. Fiyi: 3 por cada 100,000

22. Puerto Rico: 3 por cada 100,000

23. México: 3 por cada 100,000

24. Surinam: 3 por cada 100,000

25. Filipinas: 3 por cada 100,000

*No se integran en el conteo algunos de los países en los que más muertes se registran (Irak, Somalia, Libia, Sudán del Sur, Yemen, Bahamas y República Centroafricana), debido a que no se tienen cifras desagregadas por género.

Durante el 2017, fueron asesinadas al menos 2,795 mujeres en la región latinoamericana (sólo los casos registrados) a causa de la reproducción de patrones de violencia en la sociedad. Ante el creciente círculo de agresiones de tipo emocional, física y sexual en contra de mujeres y niñas, Alicia Bárcena, la Secretaría Ejecutiva de la Cepal, invitó a los gobiernos a priorizar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas estas expresiones de violencia.

Alertó que las cifras evidencian que ni la tipificación del delito ni la visibilización estadística han sido suficientes para erradicar los feminicidios, que alarman y horrorizan en el día a día a todas las mujeres.

Algunos países de la región ya han reformado las leyes para castigar directamente este tipo de agresiones. Destaca Costa Rica, el primer país en dar atención a este fenómeno desde la política pública, que desde 2007 sanciona este delito. En México este paso se dio hasta el 2012, cuando el Senado aprobó con 74 votos a favor y uno en contra la pena de 40-60 años de prisión a quienes cometan este delito.

Otros países que ya tienen legislación en materia de feminicidios son Guatemala (2008), Chile y El Salvador (2010), Argentina y Nicaragua (2012), Bolivia, Honduras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República Dominicana y Venezuela (2014), Brasil y Colombia (2015), Paraguay (2016) y Uruguay (2017).

Reforzar políticas públicas desde la perspectiva de género, recomienda Cepal

Uno de los puntos clave para hacer más eficientes los esfuerzos realizados para atacar la violencia feminicida es comprender que todas las formas de violencias que afectan a las mujeres están determinadas por diferencias económicas, etarias, raciales, culturales y de religión aún más que solamente por su condición de mujeres.

En este sentido, las políticas públicas deberían desde la perspectiva de género considerar la diversidad de las mujeres y la variedad de características en que se expresa la violencia contra ellas, con el objeto de que todas se beneficien de ellas, apunta el informe de la Cepal.

El estudio y la recopilación estadística es otro punto necesario para saber en dónde se encuentra parada la sociedad en términos de violencia de género, especialmente la feminicida. El esfuerzo debe doblarse en materia de sensibilización y desarrollo de capacidades en los funcionarios públicos, especialmente los operadores de justicia.

La necesidad es frenar todos los ideales que reproducen o normalizan la violencia en contra de las mujeres y así poder tener registros de feminicidio más objetivos y certeros e implementar o responder de manera pertinente promoviendo la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

ana.garcia@eleconomista.mx

Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Periodista especializada en género, derechos humanos, justicia social y desarrollo económico.

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