Aceptan falta de diagnóstico en reforma al Poder Judicial

Diversas organizaciones civiles, colectivos de víctimas, especialistas en derechos humanos y operadores de justicia expresaron su preocupación en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los posibles impactos negativos de la reciente reforma judicial aprobada en México.

“México necesita una reforma integral al sistema de justicia, pero no la que se aprobó. Hoy, el acceso a la justicia no es parejo y más del 90% de los delitos quedan impunes, pero la reforma no atiende estos problemas, no propone nada para mejorar las fiscalías, las defensorías públicas ni para ampliar el acceso a la justicia”, argumentó durante su intervención Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de Fundación para la Justicia.

Además, otro tema central de la audiencia fue la incertidumbre generada por el proceso de destitución masiva de jueces previsto para 2025 y 2027. De acuerdo con cifras presentadas, al menos 346 mujeres juezas y magistradas perderán su puesto, lo que representa un golpe significativo a los avances en equidad de género dentro del Poder Judicial.

En representación de los trabajadores del Poder Judicial, Gloria Angélica Corroy Laguna denunció que la implementación de la reforma ha resultado en la desaparición de la carrera judicial y el despido de miles de empleados.Manuel Saturnino Ordóñez, secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, presentó una serie de solicitudes, entre las que se encuentran que el Estado mexicano elabore y publique un informe sobre la reforma, y que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervengan para analizar los riesgos a la independencia judicial y la división de poderes.

Sin argumentos

Emilia Molina, magistrada federal y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, criticó el discurso del Estado mexicano al calificarlo de “sin diagnóstico y sin metodología”.

Señaló que la retórica gubernamental sobre la liberación de delincuentes desconoce principios fundamentales como la presunción de inocencia."Las personas juzgadoras no liberan delincuentes. Si no se ha demostrado la culpabilidad, todas las personas son inocentes”, enfatizó.

Por su parte, José Antonio Montero, representante del gobierno mexicano, aceptó en la audiencia que el gobierno mexicano no tenía un diagnóstico para llevar a cabo la modificación constitucional.

“No existe un diagnóstico; sin embargo, desde 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reforma al Poder Judicial”, dijo durante una de sus intervenciones.