Aumentan 18% las quejas en las cárceles estatales

Las quejas y/o peticiones administrativas ante las autoridades en los Centros Penitenciarios Estatales han aumentado 18.48% al pasar de 1,996, durante el 2023, a 2,365 entre enero y junio del año en curso, según la información presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria se explicó que el estado que más quejas tuvo, durante el primer semestre año, fue Oaxaca con una suma de 1,624 casos; detrás estuvieron: el Estado de México, con 207; Baja California, con 163; Tlaxcala, con 91 y Nuevo León con un total de 89.

De la cifra total, 999 registros versaron sobre los derechos de los visitantes de los reclusos; 250, estuvieron relacionadas con atención médica; 152, versaron sobre condiciones de internamiento, 141, se relacionaron con los planes de actividades y 140 con la situación jurídica del recluso.

Sobrepoblación y falta de personal

El informe también destacó que 124 centros penitenciarios en México operan con una sobrepoblación del 3.92 por ciento.

Según los datos mostrados por el trabajo de la CNDH, la capacidad instalada de 223,204 espacios contrasta con una ocupación de 231,954 personas privadas de la libertad, de las cuales 218,592 se trataron de hombres y las 13,362 restantes fueron mujeres. La Comisión aseguró que, a diferencia del ejercicio de 2023, hubo un incremento de 173 hombres y un aumento de 222 de mujeres.

“Los estados que sufrieron cambios en su capacidad respecto de diciembre de 2023, fueron al alza, la Ciudad de México (277), Estado de México (90), Guanajuato(738), Nuevo León (918), Puebla (1,081), Tamaulipas (139) y Tlaxcala (31) y a la baja, Campeche (6)”, indicó la CNDH.

Por otro lado, se mostró que el 65.71% de los centros estatales no cuenta con suficiente personal de seguridad y custodia; esto luego de que únicamente 84 de 245 centros penitenciarios cuentan con personal suficiente.

Por otro lado, las autoridades mostraron que de los 161 Centros de Reinserción Social, que no tuvieron el suficiente personal mencionado, 149 fueron estatales y 12 federales.

Luciana Montaño Pomposo, directora general y encargada del despacho de la Tercera Visitaduría General, destacó la persistencia de prácticas de autogobierno y cobro de privilegios, las cuales afectan gravemente los derechos de los internos y obstaculizan los objetivos de reinserción social.

“(Se deberán) propiciar la contratación de personal penitenciario especializado para realizar una idea de clasificación y ubicación de las personas y para la debida atención de servicios, la implementación de mecanismos que supervise la presión de las personas titulares y del personal penitencial, a fin de evitar conductas calientes de espacios de impunidad o corrupción y con ello prevenir cualquier escenario que vulnere los derechos humanos y las personas privadas de la libertad”, dijo.

Otros descubrimientos que detectó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron: las condiciones materiales e higiene inadecuadas, lo cual, según la funcionaria se identificó en 125 centros estatales; la falta de actividades deportivas, laborales y de capacitación que se presentó en más de 90 centros, y problemas de salud mental y física, con deficiencias en servicios de salud reportadas en 92 centros.