Desbloquean a Álvarez Puga e Inés Gómez Mont del sistema financiero

Tras varios años de señalamientos de las autoridades por presuntos actos de lavado de dinero y delincuencia organizada, el abogado Víctor Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, han librado una batalla que les ha permitido tener acceso a sus recursos en el sistema financiero.

A inicios de marzo del presente, las entidades del sistema financiero recibieron la instrucción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a ambos personajes.

De acuerdo con fuentes enteradas del asunto, consultadas por El Economista, la UIF envió el acuerdo 51/2025 a las instituciones financieras en cumplimiento del amparo en revisión 35/2024 derivados del juicio de amparo 107/2023.

Con esta determinación, ambos personajes fueron eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas, que es una medida preventiva contemplada para suspender de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio de instituciones financieras con los clientes o usuarios que son incorporados a dicho listado.

La finalidad de la Lista de Personas Bloqueadas es que los recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita, sean integrados a la economía nacional, mediante el uso del sistema financiero mexicano.

Desde el 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de Álvarez Puga, Gómez Mont y cinco personas más, además de siete empresas, por su posible participación en actos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La acusación de la fiscalía consiste en movimientos ilícitos cercanos a 3,000 millones de pesos, con relación a contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, pues aparentemente se utilizaron comprobantes fiscales digitales por Internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaron, con el fin de lavar de dinero.

Posteriormente, en el 2021, los órganos de la Secretaría de Hacienda interpusieron las denuncias correspondientes al tener indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de estos dos personajes. Derivado de ello, la FGR informó en enero del 2022 que había emitido una ficha roja para la búsqueda de los señalados en 190 países.

Pierden juicios

Días después de haber dado la instrucción a las instituciones del sistema financiero, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, arremetió contra el Poder Judicial y argumentó que gracias a una jurisprudencia del 2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha permitido que miles de millones de pesos hayan sido desbloqueados por los jueces.

“Miles de personas, físicas y morales, han sido protegidas por la justicia de la Unión a pesar de lavar dinero procedente de actividades de corrupción y de narcotráfico. Centenares de sujetos procesados han sido exonerados de lavado de dinero y de delitos predicados”, expresó Gómez Álvarez.

Los reclamos de Gómez Álvarez al Poder Judicial han sido continuos desde su llegada a la UIF, en el 2021, tras criterios de la SCJN sobre el congelamiento de recursos, como, por ejemplo, que para que la unidad realice el bloqueo financiero de personas, éste debe de ser a “petición expresa” de una autoridad internacional.

Asimismo, en enero pasado, la SCJN determinó que es posible decretar la suspensión provisional contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas, con el fin de que la UIF elimine provisionalmente del listado al sujeto en cuestión.

De las 84,085 cuentas que la UIF ha bloqueado desde 2014 al 2024, 26%, es decir, 21,960, se ha descongelado por el mecanismo de juicio de amparo. En cuestión de montos, de los 48,407 millones de pesos congelados en el periodo referido, 64% ha sido desbloqueado por estos procedimientos.

¿Quién es Álvarez Puga? 

Cercano al controvertido abogado Juan Collado, el futuro de Víctor Álvarez Puga parecía promisorio tras su enlace matrimonial en el 2015 con la conductora de televisión Inés Gómez Mont; sin embargo, tras la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, casi todo se vino abajo para uno de los matrimonios más reconocidos de la farándula.

Si bien, en el 2010 la autoridad fiscal acusó a su despacho Álvarez Puga & Asociados de prácticas de evasión fiscal, el señalamiento se desestimó; sin embargo, en el 2019 todo cambió tras detectarse el otorgamiento de un contrato de la Secretaría de Gobernación, en la era de Miguel Ángel Osorio Chong, por más de 3,000 millones de pesos, donde figuraban los nombres del abogado y el de su esposa.

En su momento, el entonces procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, lo señaló como el líder del grupo facturero más importante del país e impulsó una cacería contra el hoy prófugo de la justicia.