Pide AI enfoque en DH en estrategia de seguridad pública

Amnistía Internacional en su informe, “Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”, marcó cuatro principios para poder cambiar el enfoque de la seguridad pública hacia un modelo centrado en los derechos humanos, tras dos décadas de fallida militarización. 

El primero aboga por diseñar estrategias de seguridad que prioricen la protección y respeto de los derechos humanos.

El segundo propone una reforma policial que garantice que la seguridad sea manejada por cuerpos civiles con la formación adecuada.

El tercero exige una reestructuración inmediata de la Guardia Nacional, y el cuarto plantea una reforma militar para limitar las funciones de las Fuerzas Armadas dentro de un marco legal que respete los derechos humanos.

“Es urgente romper con el paradigma militar y voltear la mirada a las políticas de seguridad ciudadana. No podemos, ni debemos acostumbrarnos a más muertes de personas inocentes a manos de las Fuerzas Armadas”, declaró Edith Olivares Ferreto durante la presentación del trabajo.

Acciones por poder

Amnistía Internacional subrayó que sus recomendaciones están dirigidas tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo.

Para el Ejecutivo, la principal sugerencia es cumplir con el plazo establecido en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que estipula que para 2028 las Fuerzas Armadas no deben intervenir en tareas de seguridad pública.

En cuanto al Legislativo, se propone una revisión integral de las leyes relacionadas con la seguridad, incluyendo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, para alinearlas con los estándares internacionales.

También, se recordó que las decisiones de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública contravienen las obligaciones internacionales de México, como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Participación de FA

El informe también señala que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por justificar la participación de los militares en la seguridad pública como una medida para mejorar la seguridad, los hechos demuestran lo contrario.

También, que entre 2007 y 2024, se documentaron más de 100,000 desapariciones y casi medio millón de asesinatos. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido miles de quejas por abusos cometidos por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El documento también señaló que las fuerzas castrenses han interferido indebidamente en investigaciones de la Fiscalía General de la República, utilizando el fuero militar para controlar evidencia y lugares de los hechos. Esta práctica, advierte la organización, limita la posibilidad de una justicia imparcial.