Piden que elección judicial tenga recursos y transparencia

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, llamó a que se garanticen los recursos necesarios al Instituto Nacional Electoral para la organización de la elección judicial, aunado a que las ONG deben estar atentas al proceso en ciernes.  

En el marco de la presentación del informe final sobre la integridad electoral para el proceso 2023-2024, confeccionado por cerca de 30 organizaciones integrantes del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE), Rodríguez Mondragón dijo que se debe realizar una convocatoria a la sociedad para un “Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral y la Independencia Judicial”.

“Reconociendo los desafíos que acompañan este proceso, será indispensable prever las medidas que aseguren que sea transparente, libre de intervenciones de los partidos políticos, equitativo y cuente con la legitimidad necesaria.

“Las elecciones judiciales, inéditas en nuestro país y en el mundo, representan un reto significativo que demanda, una vez más, un esfuerzo colectivo para garantizar su correcto desarrollo”, subrayó.

En este sentido, Rodríguez Mondragón destacó la importancia de la aplicación de metodologías rigurosas de investigación y observación electoral que aseguren la veracidad y objetividad de los datos y análisis en todas las etapas del proceso electivo de los cargos en el Poder Judicial federal.

Al tiempo que resaltó que debe haber un involucramiento de la sociedad civil en el escrutinio y evaluación de los perfiles para los distintos puestos judiciales.

“Por ejemplo, sería importante considerar su participación en los Comités de Evaluación de cada poder y en la organización de debates (…) a la organización, vigilancia y calificación de la elección de personas juzgadoras, magistradas y ministras”, sostuvo.

Proceso electoral

Por otra parte, expertos y organizaciones sociales advirtieron que el último proceso electoral, el más grande que haya vivido México, hasta ahora, estuvo marcado por una inequidad en la competencia, por la violencia y por las autoridades que se vieron rebasadas.

Las ONG señalaron que aunado a lo anterior, y a pesar de las faltas acreditadas a lo largo del proceso, quizás, lo más grave fue que la legitimidad de la elección se da por contundencia de los votos favorables para la coalición ganadora (Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo) y no por la calidad del proceso electoral.

No obstante, destacaron que aunque el éxito de un proceso electoral no puede ni debe depender del resultado que arrojen las urnas, sí se observó con “toda certeza, que ni la conducta del gobierno mexicano —especialmente del presidente Andrés Manuel López Obrador—, ni de los partidos y de las y los candidatos, ni de las autoridades electorales —nuestros tres principales sujetos de observación— fue proba, recta e intachable. La legitimidad se obtuvo a pesar de la falta de integridad en el proceso”.

En este sentido, destacaron que con todo, a luz de la evidencia pública, verificable y disponible, pueden afirmar que no es la ausencia de normas, ni de instituciones ni de capacidades lo que vulneró la integridad electoral del proceso 2023-2024 sino, acciones como el incumplimiento por parte de los principales actores políticos del país: gobiernos, partidos y candidaturas; así como “la debilidad (¿deliberada?) de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales para tomar decisiones firmes, tajantes y definitivas respecto las conductas desleales de aquellos actores”.

Además de que las violencias estructurales del país, cometidas especialmente por las organizaciones criminales que decidieron influir en los comicios, se sumó a la ruptura de los acuerdos democráticos indispensables entre las fuerzas políticas nacionales (y locales) para respetar y hacer respetar las condiciones mínimas exigibles a cada etapa del proceso electoral.

Por otro lado, aunque el ANIE sostuvo que al hablar de malas actuaciones no se refieren a un actor en particular, si llamó a reconocer el peso político específico de cada uno de ellos —empezando por el presidente de la República—, sumando a que tristemente, la conducta desleal a las reglas provino de militantes y gobernantes de todos los partidos.

Mientras que en el mismo sentido, no fueron las y los integrantes de una autoridad electoral en particular quienes decidieron optar por decisiones y sanciones laxas y permisivas ante esas conductas, sino toda la cadena institucional, gobernada por cuerpos colegiados que tomaron esas decisiones por mayoría.

Al presentar parte de sus reflexiones finales, las y los expertos también destacaron temas como el haber documentado que el gobierno de México no actuó con imparcialidad durante el proceso electoral y que si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral concluyó que era imposible medir el efecto de esa falta a la regla de la imparcialidad en el resultado electoral, “lo cierto es que quedó inequívocamente acreditado que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino de manera relevante y constante para favorecer a sus aliados políticos y para vulnerar la reputación política de sus adversarios”.

Ordena juez eliminar del DOF reforma para elegir a jueces

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Alejandro López González, director del Diario Oficial de la Federación (DOF), tienen 24 horas de plazo tras ser notificados para eliminar la publicación del decreto por el que se reforma la Constitución en materia de Reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Así lo ordenó Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

Ello, al resolver, como parte del amparo 823/2024, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador incumplió en su momento la suspensión provisional por la que le fue ordenado, tres días antes, no publicar el referido decreto en el DOF, que fue promulgado el pasado 15 de septiembre.

La jueza federal advirtió a Sheinbaum Pardo y López González, vía la resolución del incidente, que en caso de incumplimiento de la orden procederá aplicar la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo.

El funcionario público que no obedezca una suspensión dictada en juicio de amparo ordena la citada norma, se hará acreedor a una pena de hasta nueve años de prisión, una multa de 50 a 500 días, inhabilitado o destituido.

“Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con el requerimiento formulado en esta resolución, se dará vista al Ministerio Público de la Federación”, cita el resolutivo. (Rolando Ramos)