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Tras recorte presupuestal de 13%, la SCJN ajustó su presupuesto 2025
Para poder cumplir con sus obligaciones laborales, el Ejecutivo federal asumió el compromiso de ampliar el gasto del máximo tribunal constitucional del país.
Foto EE:
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que debido al recorte aplicado a su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025 por la Cámara de Diputados, no es seguro que cumpla a cabalidad con obligaciones de carácter laboral derivadas de lo que establece la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial.
"Frente al recorte más significativo de los últimos quince años, la Suprema Corte se ha visto en la necesidad de ajustar previsiones de gasto que afectarán a actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales, y que tornan incierto el cumplimiento cabal de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección íntegra de los derechos de los trabajadores conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes", cita el comunicado emitido.
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Pero que hay el compromiso del Poder Ejecutivo de autorizar, en caso necesario, una ampliación del gasto del máximo tribunal constitucional del país.
"Al respecto, es preciso subrayar que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Presidenta de la República se ha comprometido a gestionar, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, las ampliaciones presupuestarias necesarias", aclaró.
Los ajustes al presupuesto de la SCJN a ejercer este año, derivados del recorte por 714.4 millones de pesos aplicados por la Cámara Baja, comunicó, fueron aprobados por unanimidad del pleno del Alto Tribunal.
"El presupuesto autorizado a la Suprema Corte fue de 5,208.5 millones de pesos, que representa, en términos reales, una disminución de 13% respecto de lo que le fue autorizado para 2024", detalló.
Sin embargo, aseguró, “la Suprema Corte ha hecho las previsiones necesarias para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, con los mismos estándares de calidad y servicio con los que ha operado hasta ahora’’.
rolando.ramos@eleconomista.mx