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Con ley Ficrea, el gobierno desactiva una bomba de tiempo
La autoridad tiene identificadas a varias entidades de este sector que podrían representar la misma problemática que se vivió con la sofipo.
La iniciativa de una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, estructurada por autoridades así como por legisladores, se propuso para que el gobierno federal desactive una bomba de tiempo , ya que según diputados y senadores, la autoridad tiene identificadas varias entidades de este sector que en un futuro próximo podrían representar la misma problemática que se vivió con Ficrea, en perjuicio de miles de personas.
De acuerdo con las versiones que varios integrantes de la Comisión Bicameral, creada para dar solución a los más de 6,800 defraudados por Ficrea, dieron a los representantes de las entidades del sector, esta iniciativa de ley fue diseñada por las autoridades y revisada por legisladores, para fortalecer el marco regulatorio del sector y evitar otro problema social como el de Ficrea, ya que si no se previene ni 5,000 millones de pesos serán suficientes para resarcir a los posibles afectados por estos quiebres o fraudes que se darían en muchas partes del país .
Sin embargo, hay controversia por esta ley, que ya avanzó al Senado, ya que los organismos representativos de sociedades financieras populares (sofipos), cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) y financieras comunitarias (sofincos) no fueron consultados para la estructura de esta iniciativa, que también reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Socaps (LRAS), del Código Federal de Procedimientos Penales y de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Durante el proceso de la estructura de esta iniciativa, representantes de la autoridad como el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, así como el titular de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, Narciso Campos Cuevas, sostuvieron diversas reuniones en privado con los legisladores de la Comisión Bicameral para negociar la solución al fraude de Ficrea y también orientarlos sobre cómo estaba el sector de ahorro y crédito popular en el país.
Hay una minuta de trabajo de la Comisión Bicameral que se dio a conocer el 9 de abril y que señala que los legisladores sólo tuvieron diálogo con la SHCP y con diversas entidades , ha informado Jorge Castillo Magaña, vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México.
Castillo Magaña explicó que tanto legisladores como autoridades omitieron la ley al no consultar a la Concamex, órgano representativo por de las 703 socaps que existen, de las cuales sólo 143 están autorizadas y otras viven diferentes procesos de consolidación.
La LRAS tiene 132 artículos, con la iniciativa modifican 97 artículos de la ley, adicionan 51 artículos, derogan 16 y sólo 23 no los tocan (...) en ningún momento se consultó a la Concamex, es una reforma de gran relevancia y no fuimos consultados .
Representantes de sofincos, socaps y sofipos han mostrado su molestia por la forma en que se pretende establecer un nuevo marco regulatorio para el sector de ahorro y crédito popular.
Las 25 sofincos que operan en el país (sólo una autorizada) piden que no se limiten sus operaciones y que no se condicione a su continuidad, siempre y cuando se conviertan en sociedades financieras populares, ya que no tienen el mismo fin .
Por su parte, las socaps piden que no se emita una nueva ley para regularlas sin antes ser consultadas, ya que de ser así desaparecerían entidades de nivel básico, así como su fondo de protección, que cuenta en la actualidad con 834 millones de pesos para resarcir hasta con 132,000 pesos a los ahorradores de estas instituciones en caso de un quebranto.
Las sofipos si bien dicen que aprueban los límites de depósitos que pretenden imponerles, piden mayor flexibilidad de las autoridades para que las 44 entidades de este sector se apeguen a las nuevas disposiciones.
Ley que reconoce los errores ?de la autoridad
Para José María Aramburu Alonso, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, esta iniciativa no se enfoca de lleno a los problemas de supervisión que la autoridad financiera tiene hoy en día para controlar a todas las entidades de ahorro y crédito popular.
Sí se requiere hacer una reforma integral de ahorro y crédito popular, que incluya la vigilancia a las cerca de 2,000 entidades, seudocajas de ahorro, que están operando al margen de la ley captando recursos en Veracruz, Chiapas, Pueblas. En esta iniciativa no se está viendo nada de este problema , explicó el también ex funcionario de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
El ex funcionario acotó que desde el 2001, cuando se decretó la primera ley que reguló al sector de ahorro y crédito popular, éste ha sufrido cerca de 10 reformas y así como la creación de tres leyes para su regulación
Algo está sucediendo mal, no se está haciendo un estudio a fondo del asunto y estamos viendo a la fecha problemas en el sector (...) el sistema financiero de ahorro y crédito popular le está quedando grande a las autoridades financieras, se necesita hacer una reforma de fondo y no una reforma solamente para aliviar los errores que se observaron con el caso Ficrea , refirió Aramburu Alonso.
Pese a esto, el académico destacó que el sector de ahorro y crédito popular es de gran relevancia para el desarrollo del país, ya que incentiva la inclusión financiera, por lo que es importante hacer una reforma legal de fondo y no al vapor.
Se tiene que analizar correctamente toda la problemática que está viviendo el sector de ahorro y crédito popular en su conjunto .
Dicha iniciativa se encuentra en el Senado de la República para su análisis y discusión, ya que además de modificar el marco normativo del sector de ahorro y crédito popular, también conlleva el resarcimiento a los más de 6,800 afectados por Ficrea.